Tokio y Washington tenían planeado celebrar una reunión de sus titulares de Exteriores y de Defensa, el llamado formato "2+2", en Washington el próximo 1 de julio, en la que iban a participar respectivamente Marco Rubio y Pete Hegseth, del lado estadounidense, y Takeshi Iwaya y Gen Nakatani, del nipón.
Según el citado medio financiero, la petición de elevar el gasto nipón en Defensa fue planteada recientemente al Ejecutivo nipón por el principal asesor de política del Pentágono, Elbridge Colby.
EE.UU. ya había instado anteriormente a Japón a elevar su gasto en defensa hasta el 3 por ciento de su PIB, y la petición de un nuevo incrementó generó enfado en el Ejecutivo nipón y fue decisiva para la cancelación de la reunión, que aún no había sido anunciada formalmente, según el Financial Times.
Otro factor que ha llevado a Tokio a suspender el encuentro a comienzos de julio es la proximidad de las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento japonés, previstas para el 20 de julio.
En 2022, tras el primer mandato de Trump, Japón decidió duplicar su presupuesto anual de defensa hasta el 2 por ciento del PIB para 2027, un cambio drástico en su política de seguridad de posguerra, enmarcada en su Constitución pacifista, y que equiparaba al nivel de gasto militar de los países miembros de la OTAN.
La segunda Administración Trump ha criticado que el tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón es unilateral, y ha indicado que Tokio debe pagar más por acoger las tropas estadounidenses estacionadas en el archipiélago japonés una vez que avancen las negociaciones bilaterales sobre aranceles.
El primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, ha querido desmarcarse de las peticiones de Washington al indicar que las decisiones sobre gasto en defensa corresponden al Gobierno nacional, y no a las peticiones de otros países.
El desencuentro entre Japón y Estados Unidos sale a la luz antes de la celebración de la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos) la próxima semana, en la que Estados Unidos espera que se apruebe un incremento del gasto militar de sus países miembros hasta el 5 % de su PIB, una medida a la que se opone España.