La juez de distrito Allison D. Burroughs dictaminó que la orden de restricción temporal que emitió en mayo contra esta medida de la Casa Blanca continuará hasta que concluya el litigio legal emprendido por Harvard.
El Gobierno de Trump prohibió el mes pasado al centro universitario matricular en adelante a estudiantes extranjeros y además conminó a los alumnos ya inscritos a trasladarse a otras universidades so pena de perder su estatus migratorio.
En concreto, la Casa Blanca revocó la certificación de la universidad del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que le permite acoger a estudiantes y académicos internacionales.
La universidad, una de las más prestigiosas de EE.UU., demandó entonces al Gobierno afirmando que su permiso para recibir a extranjeros es "esencial" para que estos permanezcan legalmente en el país.
En el litigio, la entidad señaló que la revocación de este permiso ya ha "desbaratado innumerables programas académicos, laboratorios de investigación y cursos".
En su decisión de hoy, Burroughs ordenó a la Administración Trump preparar “inmediatamente” una guía para los afectados por el veto, que influye sobre la cuarta parte del estudiantado de la institución.
La orden específica de la juez se da después de las denuncias de Harvard, presentadas ante la corte, sobre varios estudiantes que aterrizaron en Boston el 5 de junio que fueron enviados "a inspección secundaria" y "permanecieron detenidos durante muchas horas sin poder ponerse en contacto con nadie".
Además, el Departamento de Estado de EE.UU. también ordenó en mayo a todas las embajadas y consulados del país que investigaran las redes sociales de alumnos y académicos de Harvard por si encontraban contenido antisemita.
Previamente, Harvard ya había demandado en abril a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada por incurrir en supuestas conductas antisemitas.
La prestigiosa institución es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por informes del 'Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo', creado por Trump, por aplicar políticas de 'discriminación positiva' o por no dar cabida a lo que el Gobierno califica como "diversidad de ideas".