La votación, prevista para antes de las 13:30 horas GMT, no está sometida a la disciplina de partido sino que cada parlamentario elige según su conciencia, lo que hace más impredecible el resultado.
Si el texto, presentado en octubre de 2024 por la diputada laborista Kim Leadbeater, supera este trámite, seguirá su proceso en la Cámara de los Lores (alta, no electa), y si no, quedará descartado.
El pasado noviembre, los Comunes aprobaron por mayoría la proposición legislativa en una segunda lectura, pero desde entonces ha sido enmendada y hay diputados de todas las formaciones que dicen haber cambiado de opinión.
Entre otras cosas, el texto establece que podrán solicitar la asistencia para morir los adultos residentes en Inglaterra o Gales que lleven al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, tengan un pronóstico de menos de seis meses de vida y estén en condiciones de tomar decisiones con libertad.
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El solicitante debe hacer dos declaraciones separadas, firmadas y con testigos, expresando un deseo claro, firme y sin coacción para acabar con su vida.
Además, el proyecto exige que dos médicos independientes evalúen al paciente, y que una comisión judicial formada por un trabajador social, un abogado y un psiquiatra otorgue la autorización final.
El medicamento letal podrá ser preparado por un médico, pero deberá ser el propio paciente quien se lo administre, prohibiéndose que terceros lo hagan, para evitar abusos.
Así, la ley introduce penas de hasta 14 años de prisión para quien presione, coaccione o engañe a alguien para que se suicide o declare querer hacerlo.
El pasado 13 de mayo, el Parlamento autónomo de Escocia aprobó por su parte los principios generales de un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido en este territorio británico, un texto que actualmente sigue su trámite parlamentario.
Al inicio del debate de este viernes, se congregaron frente al Parlamento en Londres varios activistas, tanto a favor como en contra de la propuesta de Leadbeater.