El fallo, apelado por la defensa de los militares, declaró improcedente un recurso de habeas corpus para lograr la libertad de los once uniformados, al argumentar que estos esperaron a la entrada en vigencia de la denominada Ley de Solidaridad Nacional para activar el mecanismo constitucional, sin haber agotado antes la vía ordinaria para revertir la prisión preventiva, según precisó la jueza ponente.
La magistrada de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi determinó que la prisión preventiva dictada contra los militares no es arbitraria ni ilegal como sostenían sus abogados porque fue instaurada al cumplir la legislación y reglamento vigente.
La jueza también señaló que debe ser un juez ordinario quien determine si los militares cumplían o no con su "deber" en el momento en el que detuvieron irregularmente a los cuatro menores, que fueron golpeados, trasladados en dos vehículos sin identificación militar y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después, pues durante la audiencia los procesados alegaron haber actuado en cumplimiento de su deber como miembros de Fuerzas Armadas bajo el estado "conflicto armad interno".
Polémica ley
Con el recurso en mención, estos once imputados por desaparición forzada buscaban acogerse a la Ley de Solidaridad Nacional, una normativa impulsada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que entró en vigencia el pasado martes.
En esta norma se establece que a los policías y militares procesados por investigaciones que tengan relación con hechos suscitados "en el cumplimiento de su deber, en el marco del conflicto armado interno," no se les aplicará la prisión preventiva "en ningún caso", sino que se defenderán en libertad.
En la audiencia, los militares solicitantes del habeas corpus intervinieron desde la cárcel de Latacunga, capital de la céntrica provincia andina de Cotopaxi donde se encuentran recluidos.
Familias de víctimas "respiran paz por ahora"
Tras conocer el fallo del tribunal que rechazaba el recurso, el abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fernando Bastias, quien lleva la defensa de las familias de las víctimas, celebró el resultado y señaló que los parientes de los menores "respiran paz por ahora".
Sin embargo, Bastias consideró preocupante que la jueza no concluyera si es aplicable a no la Ley de Solidaridad Nacional al caso concreto (pero sí dejó algunas pistas para evidenciar que es incaplicable incluso por 'la vía ordinaria')".
"Tampoco envío la consulta de norma a la Corte Constitucional al argumentar que no se puede hacer consulta de norma en hábeas corpus porque dejaría en indefensión a los accionantes", añadió Bastias, quien lo consideró un "criterio debatible".
Tres militares revelaron golpes y humillaciones
El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas de Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Los militares aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.
Sin embargo, tres de los uniformados decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron -en una segunda reconstrucción de los hechos- que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Los diecisiete procesados están a la espera de la realización de la audiencia preparatoria de juicio, que está previsto que se instale el próximo 10 de julio.