“En Changuinola (pequeña ciudad de Bocas del Toro) operan una serie de pandillas que son prácticamente las responsables de los disturbios que hacen estos vándalos”, dijo el viceministro de Seguridad de Panamá, Luis Icaza, según declaraciones recogidas por medios locales durante una rueda de prensa.
De los 145 detenidos esta semana en un gran operativo policial en Bocas del Toro, 84 son presuntos miembros de pandillas, según la información oficial otorgada este sábado por las autoridades panameñas.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, dijo este sábado en una entrevista al rotativo La Prensa que en las zonas donde hay disturbios en Bocas del Toro operan al menos tres pandillas así como otros grupos delictivos, que estarían presuntamente detrás de los actos vandálicos y apoyados por algunos políticos.
La provincia de Bocas del Toro amaneció este sábado con las telecomunicaciones cortadas después de que el Ejecutivo de José Raúl Mulino decretase ayer el estado de urgencia allí para los próximos cinco días, suspendiendo garantías constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, expresión y lo referido a las detenciones.
Tras la llegada de un operativo policial hace una semana, las protestas contra una ley que reforma la Seguridad Social panameña que azotan a Bocas del Toro desde abril se han intensificado con choques entre manifestantes y policía, saqueos y vandalismo a instituciones públicas y privadas, el aeropuerto además de incendios a coches.
Una de las empresas saqueadas la noche del pasado jueves fue Chiquita Panamá, la bananera que tuvo que cerrar operaciones y despedir a todos sus trabajadores en mayo después de que los jornaleros fueran a un paro, según el Gobierno y la Policía.
El contingente policial se desplegó en Bocas del Toro para despejar las carreteras bloqueadas por los grupos de manifestantes que rechazaron el acuerdo hecho entre los trabajadores bananeros y los diputados para levantar esos bloqueos viales desde abril a cambio de aprobar una nueva ley que daba mayores beneficios laborales al sector bananero.
Los trabajadores de la industria bananera de esa provincia se sumaron desde el 28 de abril a un paro secundado por algunos sindicatos docentes y obreros de la construcción en contra de esa reforma a la Seguridad Social, porque consideraban que afecta negativamente a la anterior de 2017 que ya reglamentaba al sector bananero.
Así, las autoridades panameñas, que alegan asuntos políticos detrás de las protestas, intentan retomar el control de la provincia en medio de esa escalada de violencia, que ha agotado los insumos básicos en esa provincia, mayormente insular y dependiente económicamente de la industria bananera y turismo.