Los asistentes en Santiago se congregaron en las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y Plaza Baquedano, en el centro de la capital, desde donde marcharon sin incidentes hacia La Moneda.
Con convocatorias en 16 ciudades a lo largo de todo el país suramericano, los manifestantes ondearon banderas y levantaron pancartas con especial alusión a la protección de la infancia y adolescencia transgénero, además del rechazo a los discursos de odio.
El énfasis en este segmento de la población se explica por un informe aprobado hace un mes por el Congreso Nacional, que cuestiona el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), política que va en directa relación con la hormonoterapia a menores.
Según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el documento constituye un “brutal acto de negación de la identidad que margina y humilla” y llamó al Gobierno a “enfrentarlo y resistirlo con claridad porque no tiene fuerza legal”.
En marzo de este año, el Movilh publicó un estudio que indica que en 2024 se registraron 2.847 casos y denuncias por discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en general, lo que supone un aumento del 78,7 % con respecto al año anterior.
El Movilh calificó el 2024 como "el año del retroceso", ya que concentró el 23,5 % del total de atropellos conocidos a los derechos humanos de las personas LGBTQ+ en las últimas dos décadas.
Algunos de los asistentes a la marcha, que contó con numerosos espacios de expresión cultural, elevaron consignas sobre el matrimonio igualitario, a su juicio amenazado, entre otros derechos conquistados, por posiciones de extrema derecha que se han fortalecido durante este año electoral chileno.
El matrimonio igualitario fue legalizado en Chile después de que en 2016 el Estado chileno y Movilh firmaran un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el país se comprometió a crear, tramitar y aprobar la norma.
Hasta entonces, las parejas homosexuales podían recurrir al Acuerdo de Unión Civil, promulgado en abril de 2015, que permite regularizar "los aspectos jurídicos propios de una vida afectiva en común, estable y permanente", indica la ley.