La Asamblea Metropolitana de Tokio, compuesta por 127 escaños, está controlada por la coalición formada por el gobernante a nivel nacional Partido Liberal Democrático (PLD), el partido Tomin First (Ciudadanos de Tokio Primero) de la actual gobernadora Yuriko Koike, y la formación budista Komeito.
Ninguna de estas formaciones cuenta con representación suficiente para gobernar por sí misma, por lo que el foco de estos comicios estará en la capacidad de mantener o incrementar su peso parlamentario regional o de caer en una mayor dependencia de sus socios, lo que también sucede a nivel nacional.
Los principales temas que han marcado la campaña para los comicios regionales son similares a los que centran el debate político nacional: el apoyo a los hogares para mitigar el impacto de la inflación, los escándalos de financiación irregular que salpican al PLD o las medidas para promover la natalidad y la crianza de hijos.
En estas elecciones regionales concurren 295 candidatos en 42 distritos electorales, lo que supone el mayor número en las tres últimas décadas.
Se espera que los resultados electorales se conozcan el lunes, y los analistas apuntan a que permitirán pulsar el sentimiento político de cara a las elecciones a la Cámara Alta de la Dieta (Parlamento nacional) previstas para el próximo 20 de julio.
El PLD de Shigeru Ishiba perdió su mayoría parlamentaria en los pasados comicios nacionales de octubre del año pasado, y gobierna en minoría junto a su aliado tradicional Komeito, y con el apoyo puntual del Partido Constitucional Democrático, la principal formación opositora.
Pese a las presiones de la oposición, que incluso contempló presentar una moción de destitución contra Ishiba, el mandatario no ha contemplado una disolución anticipada de las dos Cámaras que componen el Parlamento, lo que habría supuesto una apuesta arriesgada teniendo en cuenta sus bajos índices de popularidad.
Este año se da una inusual coincidencia al celebrarse tanto las elecciones de la Asamblea Metropolitana de Tokio, que se celebran cada cuatro años, como las de la Cámara Alta.