La ONG informó -en un comunicado- que Ordóñez Miranda, quien fue fundador del medio digital Shalom Cuetzalan Producciones y colaborador habitual en la cobertura de temas comunitarios y de seguridad, fue atacado con arma de fuego y falleció mientras esperaba atención médica.
Además, la organización expresó su solidaridad y condolencias a la familia y colegas del periodistas y exhortó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y a la Fiscalía General del Estado de Puebla a coordinarse de manera efectiva, agotar todas las líneas de investigación, incluida su labor informativa, y garantizar justicia pronta e imparcial.
El asesinato de Ordoñez Miranda se suma a la violencia contra periodistas en México, donde al menos seis comunicadores han perdido la vida desde el 1 de octubre de 2024, cuando se inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según la organización Artículo 19.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 172 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. El caso más reciente, antes de Ordoñez Miranda, fue el José Carlos González Herrera, asesinado el pasado 15 de mayo en Guerrero.
Del total de asesinatos registrados por Artículo 19, 47 ocurrieron en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), 47 en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 48 en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
México se mantiene como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, debido, principalmente, a la “creciente fragilidad de su ecosistema mediático”, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado el pasado 1 de mayo.
El país norteamericano se ubicó en el lugar 124 de 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, con lo que cayó tres lugar respecto a la lista de 2024 en la que se ubicó en el escalafón 121.
Desde hace años, México figura entre los países con más informadores asesinados en el mundo. RSF ha advertido que en los últimos años la colusión entre autoridades y el crimen organizado se ha convertido en una “grave amenaza” contra los periodistas.