En un comunicado, firmado por más de 300 colectivos y personas buscadoras, señalaron que la iniciativa presentada el lunes por el Ejecutivo al Legislativo "no sirve" para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y "puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México".
"Esta (reforma) no partió de una consulta amplia y pública, por ello, reiteramos que es una iniciativa que no respaldamos, principalmente porque no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas", indicaron.
Asimismo, exigieron a las Cámaras alta y baja del Congreso a convocar a "un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa" y pidieron hacerlo "sin prisas ni simulaciones".
Señalaron que la ley general en materia de desaparición de personas de 2018 "nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión".
Añadieron que la última legislación "se dio sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía" con su dolor, por lo que demandaron que la nueva reforma a dicha ley se de bajo los mismo términos "y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob)".
Finalmente, hicieron un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a observar "con responsabilidad el proceso de reforma a la Ley General".
"No hacerlo así perjudica nuestra causa", advirtieron.
"Valoramos sus aportes técnicos, pero sobre todo su capacidad para lograr una correcta lectura política de la situación que sume a la causa", zanjaron.
La iniciativa de reforma presentada por Sheinbaum, tras organizar mesas de reunión a puerta cerrada entre algunos colectivos y la Segob, propone, entre otros cambios legislativos, la creación de protocolos con planes de seguridad y protección para familias buscadoras, registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición por cualquier autoridad, carpetas de investigación iniciadas sin demora y sanciones a autoridades que omitan registros o investigaciones.
Además plantea la creación de la plataforma única de identidad, segura y rastreable, un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) -cuya identificación sirve en todos el país- para compartir datos con fiscalías, trato digno y registro actualizado de restos bajo resguardo institucional y pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de inhumaciones, entre muchas otras.
En México, hay más de 127.000 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.