"No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados", escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
"Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad", se lee en la nota.
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
"Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión", consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
"El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales", advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.