La crisis que afronta el Ministerio Público peruano desde la semana pasada escaló este lunes cuando el máximo órgano de la judicatura, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), exigió el cumplimiento inmediato de su resolución que ordenó el retorno de Benavides como fiscal general y precisó que "bajo apercibimiento se solicita la fuerza pública en caso de incumplimiento".
Ante esta orden, Espinoza advirtió este martes a través de un oficio que cualquier intervención de la Policía Nacional en el Ministerio Público sería "ilegal, ilegítima y quebrantaría el orden constitucional e institucional".
Sostuvo que la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, que emitió la orden perentoria, "no tiene competencia para emitir apercibimientos de esta naturaleza".
Recordó, además, que la Junta de Fiscales Supremos no ha dispuesto aún el retorno de Benavides, por lo que no existe fundamento legal para ejecutar la reincorporación solicitada.
Espinoza también invocó al artículo 169 de la Constitución peruana, que establece que la Policía Nacional no es deliberante y debe actuar bajo subordinación al poder constitucional, por lo que una intervención en un procedimiento administrativo sin orden judicial sería un abuso de poder.
Benavides es investigada por la presunta comisión de delitos de corrupción, por los que fue destituida en diciembre 2024 y hace una semana, tras la polémica resolución de la JN, intentó asumir nuevamente el cargo, sin conseguirlo.
Tras estos hechos, fue denunciada por Espinoza por presunta usurpación de función pública, además de acusar un intento de golpe de Estado en el Ministerio Público.
Paralelamente, este martes, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria evalúa el pedido de Espinoza para que Benavides sea suspendida por 36 meses por estar investigada en un caso de presunta obstrucción a la Justicia, cuando era la fiscal general.
Movilización ciudadana
En las puertas de la sede principal de la Fiscalía, en el centro histórico de Lima, se han reunido en los últimos días ciudadanos que defienden a Espinoza y otros que apoyan a Benavides, lo que ha llevado a que la Policía forme un cordón de seguridad para evitar enfrentamientos.
En el lugar, la activista Ángela Villón aseguró a EFE que es necesario defender al Ministerio Público "de las organizaciones mafiosas", y señaló que lo que está ocurriendo no es "una pelea entre señoras", sino que se trata de una situación "muy grave" que afecta a todos los peruanos y a su sistema de Justicia.
"Si Patricia Benavides vuelve sería un golpe institucional, un golpe de Estado y muchas personas tendrían que ir a la cárcel porque es un delito", sostuvo.
Por otro lado, los manifestantes a favor de Benavides, que portaban un gran cartel que decía "Patricia dignidad" afirmaron que Espinoza "suelta delincuentes" y que "va a caer".