"El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Prezka y trabaja en la apelación", informó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, a través de la red social X.
La jueza superior de Distrito de los Estados Unidos Loretta Preska determinó el lunes que en dos semanas Argentina debe transferir sus acciones de YPF a una cuenta de custodia global en un banco neoyorquino, para que este transfiera luego los títulos a los demandantes.
La magistrada tomó la determinación con el fin de dar cumplimiento a dos fallos adversos para Argentina en tribunales estadounidenses.
Uno de ellos es por un juicio en Nueva York contra la decisión en 2012 del Estado argentino de expropiar a la española Repsol su 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
Por ese caso, en 2023 condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford Capital y Eton Park.
El caso se inició en 2015 cuando la inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.
El otro caso por el que Preska ordenó este lunes a Argentina a transferir sus acciones de YPF es una demanda entablada por el fondo de inversión Bainbridge Fund.
Ese fondo demandó en 2016 a Argentina por el cese de pagos de su deuda soberana a finales de 2001 -cuya reestructuración aceptó la mayoría de los acreedores-.
El fondo de inversión logró en tribunales estadounidenses un fallo a su favor, que condenó a Argentina a pagarle 95 millones de dólares más intereses.
Según sostuvo este martes Adorni, "la sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable".
"Contradice la ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles", aseveró el portavoz.
YPF, fundada en 1922 y cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.