Glas, que está recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador tras ser detenido el año pasado en la Embajada de México en Quito luego de recibir asilo como "perseguido político", y que este lunes fue condenado a 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos) en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, ya tenía unas medidas cautelares otorgadas a su favor por parte de la CIDH desde 2019.
En febrero de este año, la Comisión emitió una ampliación de esas medidas y requirió al Estado acciones inmediatas para la salvaguarda de la vida, la salud y la integridad del exvicepresidente, pero "tras valorar la información disponible por las partes, la CIDH consideró que la situación de Jorge Glas calza en el supuesto de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño establecida en el artículo 63.2 de la Convención Americana", señaló en un comunicado.
Medidas "incumplidas"
La Comisión había pedido al Estado ecuatoriano que Glas sea derivado "de inmediato" a un hospital para su valoración médica completa y su traslado a otra cárcel distinta a La Roca "que cumpla con los estándares aplicables a su situación de salud".
Además, que se retome la instalación de una mesa técnica con la participación de médicos de confianza para resolver controversias médicas y tener el tratamiento adecuado y que se permita el acceso a la información médica de manera oportuna.
Sin embargo, la defensa del exvicepresidente y representantes del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas han señalado en varias ocasiones que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha "incumplido" con lo solicitado por la CIDH.
Fueron los mismos representantes del Comité los que anunciaron el 2 de junio que habían pedido a la CIDH que solicite a la Corte unas medidas provisionales en las que se ordene al Estado que "cumpla con la obligación de otorgarle el salvoconducto" a Glas con el que pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático.
La principal razón de este pedido, dijo en ese entonces el coordinador del Comité y exministro boliviano Sacha Llorenti, era el "altamente delicado" estado de salud de Glas, "no solamente en términos de salud física por la serie de medicamentos que le han recetado en el penal de La Roca, sino también por su situación psicológica y psiquiátrica".
Una reciente evaluación psiquiátrica realizada previo al inicio del juicio por malversación, señaló que el exvicepresidente correísta padece una depresión grave sin síntomas psicóticos, con un cuadro de ansiedad y un riesgo "mayor" de eventual intento de suicidio.
Las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas y son de obligatorio cumplimiento para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas les exigen a los países adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
Crisis entre Ecuador y México
Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple en la cárcel una pena ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en la Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.
A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por el caso Reconstrucción.
En 5 de abril de 2024, el presidente Noboa ordenó asaltar la sede diplomática para detener a Glas, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido un asilo al considerarlo un "perseguido político" y se ha negado a otorgarle un salvoconducto.
La invasión a la embajada derivó en la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país norteamericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático.