El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que "se ha logrado la detención de cinco personas" luego de que las fuerzas de seguridad ejecutaron diez allanamientos en poblaciones cercanas a la localidad de Llallagua, en el norte del departamento andino de Potosí.
Aguilera precisó que entre los detenidos se encuentra uno de los presuntos “francotiradores” que dispararon contra los policías, identificado a partir de testimonios e imágenes difundidas en redes sociales.
Asimismo, se identificó a personas presuntamente involucradas en la muerte de un joven universitario que era voluntario en el Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), quien fue acusado de ser “informante” de la Policía.
“Las cinco personas estaban en posesión de explosivos y de elementos suficientes, como proyectiles de guerra calibre 7.65, nueve milímetros y mechas (dinamita), que han sido utilizados”, señaló Aguilera.
También afirmó que la Policía continuará con las investigaciones “para lograr la aprehensión de todos quienes han sido identificados” como autores materiales, intelectuales y financiadores del suceso, que calificó como una acción “político-criminal”.
Entre el 2 y el 15 de junio, los seguidores de Morales (2006-2019) realizaron bloqueos de carreteras en algunas regiones bolivianas para forzar la inscripción del exmandatario como candidato en las próximas elecciones generales.
El pasado 11 de junio, tres policías murieron por heridas de bala mientras intentaban llegar a Llallagua, donde manifestantes atacaron a pobladores que trataban de despejar las vías.
Otro agente murió en la región central de Cochabamba, tras ser retenido por los bloqueadores, quienes presuntamente activaron un explosivo adherido a su cuerpo.
Además se reportaron el fallecimiento de un civil, presuntamente seguidor del expresidente, que manipuló de forma incorrecta un explosivo, y el deceso de un joven universitario que fue golpeado hasta morir tras ser acusado de ser “informante de la Policía”.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha reiterado que se buscará justicia por los “crueles asesinatos” de los policías durante los bloqueos que, a su juicio, tenían el objetivo de deponer a su Gobierno e impedir las elecciones generales.
Por el reciente conflicto, el Gobierno presentó una denuncia penal contra Morales por ocho delitos, incluidos terrorismo y obstrucción del proceso electoral, que fue admitida por la Fiscalía.
El también exlíder del oficialismo, distanciado de Arce desde finales de 2021, insiste en ser candidato pese a no tener partido y a que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó recientemente que la reelección en Bolivia está permitida "por una única vez de forma continua", sin posibilidad de un tercer mandato, y él ya gobernó el país en tres periodos.