El Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Piamonte aceptó el recurso presentado por una asociación geminista y el sindicato mayoritario CGIL contra la iniciativa impulsada por el consejero de Políticas Sociales del gobierno regional, Maurizio Marrone, del partido de la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni.
La sentencia del TAR anula el acuerdo alcanzado entre el hospital y la asociación 'Movimiento por la Vida' que permitió la apertura de la sala en septiembre de 2024, gracias al apoyo del gobierno regional.
"Expresamos nuestra satisfacción por la decisión del tribunal administrativo, que ha considerado válidos los motivos que nos llevaron a oponernos al proyecto antiabortista de la región del Piamonte”, indicaron en una nota conjunta el CGIL de Turín y del Piamonte y la asociación 'Se non ora quando?' (Si no es ahora, ¿cuándo?).
Se trata de una sentencia "que defiende el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, como lo establece la Ley 194, que regula desde 1978 la interrupción voluntaria del embarazo ", añadieron.
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El objetivo de la denominada "Habitación de la escucha" era "defender y promover el valor de la vida humana desde la concepción a la muerte natural sin excepciones" con "apoyo y cercanía a las mujeres embarazadas contribuyendo a superar las causas que podrían inducirlas al aborto", según 'Movimiento por la Vida'.
La medida suscitó las críticas de la oposición de izquierdas y de organizaciones feministas, especialmente hacia el presidente regional del Piamonte, Alberto Cirio, de la conservadora Forza Italia y que gobierna con los ultraderechistas de Hermanos de Italia y la Liga.
El hospital Sant'Anna es el primer centro por número de partos en Italia, con 6.590 neonatos en 2022, pero también es el hospital piamontés en el que se efectúan más abortos, alrededor de 2.500 en 2021, de acuerdo a los datos presentados por el Gobierno regional.
El aborto está regulado en Italia desde 1978 gracias a la 'Ley 194' aunque en la práctica es muy difícil interrumpir un embarazo por un elevado porcentaje de médicos objetores de conciencia que se niegan a practicarlo (en cinco regiones superan el 80 % y, en Molise, en el sur, llegan al 92,3 %).
Meloni, que gobierna desde octubre de 2022, ha asegurado que no pretende cambiar esta legislación pero su partido ha dado algunos pasos para tratar de limitar los abortos y el año pasado el Parlamento italiano aprobó una ley que permite y financia con fondos europeos el acceso de asociaciones antiaborto en los ambulatorios y consultorios familiares.