En un comunicado conjunto, la Policía Judicial y las Fiscalías lusa y Europea explicaron que entre los detenidos hay un miembro de la administración, tres trabajadores de una empresa tecnológica, un empleado de una concesionaria y un funcionario público.
Asimismo, se realizaron 103 registros domiciliarios y no domiciliarios en varios puntos del país, en los que participaron cerca de 300 agentes.
En concreto, registraron empresas privadas por el suministro y comercialización de hardware y software informático, mientras que entre las entidades públicas investigadas había institutos de educación secundaria y superior, concesionarias, unidades de salud y una "empresa de capitales exclusivamente públicos", entre otros.
Las autoridades investigan si se han cometido los delitos de fraude para la obtención de ayudas, corrupción activa y pasiva, corrupción activa y pasiva en el sector privado, participación económica en negocio, recepción indebida de ventaja, falsificación de documentos y abuso de poder.
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En la nota precisaron que esta investigación se originó tras notificar "graves irregularidades" en procesos adquisitivos públicos de material informático y de ciberseguridad por parte de una institución pública de enseñanza superior en el norte del país, "en el ámbito de proyectos financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia" portugués.
A partir de ahí se centraron especialmente en la actividad de un grupo empresarial luso que se dedica a la importación, exportación, promoción y comercialización de hardware y software informático.
Y añadieron: "Las diligencias realizadas mostraron la existencia de un esquema delictivo, de carácter organizado y sistémico, para la obtención ilegal de información privilegiada en procedimientos de contratación pública y privada, a través de la entrega de ventajas patrimoniales y no patrimoniales a trabajadores de entidades contratantes".
De esta forma, lograron adjudicaciones por valor de "por lo menos" 20 millones de euros, según sus datos.
En este esquema habrían participado también productores e importadores de los productos que tenían "significativo peso en el mercado" y que potenciaron el margen de beneficio.
Durante la operación, las autoridades llevaron a cabo incautaciones por el valor de 4,6 millones de euros.
Los detenidos serán presentados ante un tribunal en Oporto para ser interrogados.
Medios locales explicaron que entre las instalaciones registradas este martes está el Banco de Portugal, la Universidad de Oporto y la sede del Instituto Nacional de Emergencia Médica luso (INEM).