Un tribunal de Róterdam sentenció al hombre, de 43 años, a una pena de tres años de cárcel por haber “compartido conocimientos tecnológicos de empresas neerlandesas de alta tecnología con una persona en Rusia”, lo que supone, subrayó la Corte, “una violación de las sanciones” de la UE y una “intrusión informática”, delito del que fue declarado “culpable”.
“El acusado, con una larga trayectoria en la industria de alta tecnología, compartió durante un año y medio conocimientos tecnológicos con una persona en Rusia. Obtuvo esta información copiándola de los servidores de sus empleadores: ASML y NXP”, señaló el tribunal.
Durante más de cuatro años, el acusado accedió de forma regular a la red de su empleador para extraer archivos que no necesitaba para su trabajo y los conservó incluso después de finalizar su relación laboral.
Durante las audiencias, se defendió: “Guardé archivos de ASML para uso personal. (…) ¿Si esos archivos podían acabar en Rusia? No me lo pregunté. Sí, di asesoramiento”, afirmó, según señaló hoy el propio tribunal.
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El acusado, detenido el pasado diciembre, brindó “asistencia técnica” al compartir archivos que contenían información sobre el “diseño de líneas de producción de microchips” con una persona en Rusia, para “su uso en ese país”, lo que va en contra de las sanciones europeas contra Moscú.
Por otro lado, también se le imputó “intrusión informática”, al considerarse que accedió de forma intencionada, sin autorización y con fines ajenos a sus laborales, a los sistemas de AMSL y NXP, y los jueces asumieron que lo hizo durante todo su periodo laboral, entre 2021 y 2024.
“Esto queda evidenciado por la gran cantidad de archivos de ambas empresas encontrados en distintos dispositivos de almacenamiento en su casa. No se ha demostrado que necesitara estos archivos para su trabajo ni se justifica por qué seguía en posesión de ellos tras dejar las empresas”, añadió.
Su condena se redujo a 3 años, de los 4 solicitados por la fiscalía, porque no se ha probado que vendiera los archivos ni que recibiera dinero directamente por ellos.
Desde 2014, Rusia está sujeta a un paquete de sanciones tras la invasión de Crimea, medidas que se ampliaron aún más tras su agresión a Ucrania, y se considera que asesorar o compartir tecnología con Rusia puede contribuir al fortalecimiento de sus capacidades militares o estratégicas, lo que afecta la seguridad y estabilidad internacionales.