"Para que la comisión pueda desempeñar sus funciones eficazmente, he decidido conceder al Ministro de Policía, el señor Senzo Mchunu, una excedencia con efecto inmediato", afirmó el presidente en un mensaje televisado dirigido a la nación.
"El ministro se ha comprometido a brindar su plena cooperación a la comisión para que pueda realizar su labor", subrayó Ramaphosa.
El mandatario nombró como ministro interino de Policía a Firoz Cachalia, actualmente profesor de Derecho en la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo) y presidente del Consejo Asesor Nacional Anticorrupción.
Ramaphosa tomó la decisión tras recordar que el pasado día 6 el teniente general Nhlanhla Mkhwanazi, jefe de la Policía de la provincia de KwaZulu-Natal (este), hizo en una rueda de prensa "graves acusaciones sobre la existencia y el funcionamiento de una sofisticada organización criminal que presuntamente se ha infiltrado en las estructuras policiales y de inteligencia de Sudáfrica".
Mkhwanazi, explicó, aseguró que Mchunu "presuntamente interfirió en investigaciones policiales delicadas y se confabuló con empresarios, incluido un acusado de asesinato, para desmantelar" un equipo de trabajo sobre asesinatos políticos con sede en KwaZulu-Natal.
El jefe del Estado subrayó que esas alegaciones plantean "serias preocupaciones en torno a la Constitución, el Estado de derecho y la seguridad nacional".
"De resultar ciertas -aseveró-, estas acusaciones amenazan con socavar la confianza de los sudafricanos en la capacidad del Servicio de Policía Sudafricano para protegerlos y combatir eficazmente la delincuencia y la corrupción".
Ramaphosa enfatizó que estas acusaciones exigen "una investigación urgente y exhaustiva" y, por tanto, anunció el establecimiento de una comisión judicial de indagación presidida por el vicepresidente interino del Poder Judicial, Mbuyiseli Madlanga.
La comisión, adelantó, investigará "las acusaciones relacionadas con la infiltración de organizaciones criminales en las fuerzas del orden, los servicios de inteligencia e instituciones afines dentro del sistema de justicia penal".
La comisión debe presentar un informe final al presidente, aunque se esperan informes provisionales al cabo de tres y seis meses, respectivamente.
Ramaphosa ya anticipó el pasado día 7 en Brasil, donde asistía a la cumbre anual de líderes del grupo de economías emergentes BRICS, que estudiaría las acusaciones hechas contra el ministro de Policía al regresar al país.
De confirmarse, estas acusaciones supondrían un nuevo golpe para el histórico Congreso Nacional Africano (CNA), principal partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica desde que, en las elecciones de mayo de 2024, perdió la mayoría absoluta por primera vez desde la instauración de la democracia en el país en 1994.
La situación ya se complicó el pasado jueves, cuando el partido Alianza Democrática (AD), segundo socio de la coalición de Gobierno, presentó cargos penales contra Mchunu.
La AD acusa al ministro, miembro del CNA, de haber engañado al Parlamento sobre sus vínculos con el empresario Brown Mogotsi, presuntamente relacionado con redes criminales dentro del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS).
Según denunció el pasado el pasado día 6 Mkhwanazi, Mogotsi habría influido en investigaciones policiales y mantenía vínculos con una red criminal.
La AD se sumó así al partido opositor uMkhonto weSizwe (MK), liderado por el expresidente Jacob Zuma (2009-2018), que también ha emprendido acciones legales contra Mchunu y contra el subcomisario nacional adjunto, Shadrack Sibiya.
La denuncia de la AD -la principal fuerza opositora hasta las últimas elecciones de 2024- llegó apenas nueve días después de haber presentado otra contra la ministra de Educación Superior, Nobuhle Nkabane, también del CNA, por un caso distinto.
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