El documento -que revela que las nuevas disposiciones entraron el vigor el pasado domingo tras ser aprobadas por el Parlamento el 1 de julio- señala que las nuevas medidas ponen el foco, fundamentalmente, en los alumnos de las escuelas, a quienes se prevé realizar "exámenes de salud periódicos" para la "detección precoz" del consumo de narcóticos.
La normativa precisa que los análisis clínicos a los estudiantes, con los que se pretende "preservar las instituciones educativas del flagelo de las drogas", se realizarán "siempre y cuando los representantes legales o el juez de menores lo autoricen".
En el caso de que los resultados revelen consumo de drogas o sustancias psicotrópicas, el menor afectado "estará sujeto a las medidas terapéuticas" y "no podrá ser procesado judicialmente".
Por otra parte, con la aprobación de las nuevas disposiciones, se exigirán "pruebas de detección de consumo de drogas" a candidatos que participen en concursos de selección, tanto en "las administraciones, instituciones públicas y establecimientos de interés general", como en el "sector privado".
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Además, con la actualización de la ley, "quienes inciten, empleen o utilicen a un menor, a una persona con discapacidad o a una persona en tratamiento por adicción, para transportar, guardar, vender, ofrecer, distribuir o utilizar de forma ilícita drogas o sustancias psicotrópicas", se enfrentarán a una pena de prisión de 20 a 30 años.
Las modificaciones, presentadas a finales del pasado abril en el Parlamento, "complementan" la ley de diciembre de 2004, relativa a "la prevención de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la represión de su uso y tráfico de ilícitos".