La historia de Kumari es el reflejo de una realidad que afecta a una de cada cinco mujeres en este país, en la que delitos como la violencia de pareja, el abuso sexual, el matrimonio infantil o la violación marital quedan atrapados en un complejo ecosistema de justicia que les da la espalda sistemáticamente, sobre todo a las víctimas de minorías étnicas y religiosas.
Una consulta pionera celebrada en Colombo y compartida con EFE ha reunido por primera vez a mujeres de estas comunidades marginadas para empezar a articular una rebelión contra el silencio.
Según cifras del propio Gobierno, el 20,4 % de las mujeres en el país ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Solo en 2018 se reportaron 1.792 casos de violación en Sri Lanka, y en 2019 se denunciaron 1.490 violaciones contra niñas, según datos recopilados por la ONG Equality Now, organizadora de la consulta.
Pero la impunidad es la norma. "La tasa de condenas ronda el 3 %", explicó a EFE Julie Thekkudan, experta en la región de la organización.
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Las voces de las mujeres invisibles
La sala de la consulta es una amalgama de historias silenciadas. Entre ellas, las de las Malaiyaha Tamil, descendiente de trabajadoras traídas del sur de la India durante la época colonial para las plantaciones de té.
Gran parte de esta comunidad sigue viviendo en zonas remotas, con un acceso limitado a la justicia y un problema añadido de idioma, ya que su lengua materna no es el cingalés.
"Nuestra gente ha olvidado cómo luchar", confesó en la consulta C. Veenadevi, líder de esta comunidad. "Se nos ve como símbolos de sacrificio; para mantener la dignidad familiar, lo soportamos todo en silencio", sentencia.
Junto a ellas, mujeres de las comunidades pesqueras, cuya identidad cultural a menudo las aprisiona. "Se nos considera sagradas, guardianas de la familia, pero esa santidad se convierte en nuestra jaula", señaló la activista Subashini Kamalanathan.
También hubo testimonios de mujeres con diversidad funcional, que enfrentan una doble discriminación, y de minorías religiosas y del colectivo LGTBIQ+.
Un sistema que les da la espalda
El sistema judicial de Sri Lanka no solo no protege, sino que a menudo revictimiza. En el caso de las mujeres musulmanas, sus conflictos familiares se resuelven en los llamados 'Quazi Courts', tribunales religiosos autorizados por ley y gestionados únicamente por clérigos hombres sin formación jurídica.
En otros contextos rurales, las denuncias ni siquiera llegan a los tribunales, y se resuelven con acuerdos entre familias o líderes comunitarios.
El sistema formal, por su parte, enfrenta obstáculos como la ausencia de intérpretes en tamil o lengua de señas y una escasez crónica de recursos. "No hay presupuesto suficiente ni personal capacitado. Y no es casualidad, es porque no se prioriza", explicó Thekkudan.
Según ella, la ley no es inclusiva. "No fue diseñada pensando en las mujeres marginadas", detalla.
Una activista de la región de Kurunegala denunció cómo las víctimas son transportadas en el mismo vehículo policial que sus agresores y cómo los perpetradores obtienen la libertad bajo fianza con facilidad. "A las trabajadoras sexuales se les niega la justicia por completo", añadió, citando a policías que llegan a preguntar: "¿Cómo se puede violar a una trabajadora sexual?".
El comienzo de una lucha regional
La consulta de Colombo es el primer paso de una hoja de ruta regional más amplia.
"La meta es un informe conjunto que hable con una sola voz sobre cómo la justicia está fallando a las mujeres más vulnerables del sur de Asia", precisó Thekkudan sobre los próximos encuentros, que tendrán lugar en Nepal y Bangladés.
El objetivo final es la creación de un "boletín de notas sudasiático" que mida los avances de cada país.
La reunión no ofreció respuestas inmediatas, pero sí marcó un punto de inflexión: el reconocimiento colectivo de que el sistema no está funcionando. Porque en el sur de Asia, como advirtió la experta, la justicia no solo llega tarde: "muchas veces no llega en absoluto".