Las nuevas disposiciones obligan a las autoridades nacionales a "colaborar e intercambiar informaciones" con sus homólogos extranjeros, ya sea de forma "espontánea o bajo solicitud previa", conforme a "acuerdos bilaterales y multilaterales", y en consonancia con las obligaciones internacionales de la nación norteafricana.
La normativa legal contempla también la formación de equipos de investigación especializada, enfocada, particularmente, en el ámbito financiero, con el objetivo de "reforzar las disposiciones relativas a la investigación de delitos" por parte de la Policía y las autoridades judiciales.
Además, incluye una serie de medidas destinadas a "prohibir las actividades de personas y entidades terroristas", y a establecer procedimientos para "congelar o incautar" sus activos y "prohibir las transacciones con ellas".
En 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Argelia en su "lista gris", actualizada en el pasado junio, por considerar que el país presenta riesgos relacionados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.