La organización denunció que estos ataques, cuya autoría aún se desconoce, se suman a la suspensión del pago de los salarios a los funcionarios kurdos por parte del Gobierno central iraquí, en el marco de su disputa con las autoridades regionales kurdas por el control y reparto de los ingresos petroleros.
“El daño deliberado a infraestructuras energéticas puede tener efectos devastadores para el acceso a servicios públicos en el Kurdistán”, afirmó la investigadora de HRW en Irak, Sarah Sanbar.
“Miles de docentes, médicos y enfermeros no pueden cubrir sus gastos diarios porque sus salarios están siendo utilizados como moneda de cambio política”, agregó.
Según HRW, los ataques interrumpieron la producción de unos 220.000 barriles diarios, lo que representa el 70 % del total en la región.
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Aziz Ahmad, jefe adjunto de gabinete del primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán, Masrour Barzani, culpó de los ataques a “milicias criminales que cobran del Gobierno iraquí”.
El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha ordenado una investigación para aclarar los hechos, pero, hasta la fecha, no se han publicado resultados ni se ha identificado a los responsables, afirmó HRW.
La región del Kurdistán iraquí depende en gran medida de los ingresos del petróleo y de las transferencias presupuestarias federales para financiar sus servicios. Por ello, desde 2014, Bagdad ha suspendido en varias ocasiones los pagos como herramienta de presión en sus negociaciones con Erbil, denunció HRW.
El 17 de julio, el Gobierno central aprobó un acuerdo para reanudar las exportaciones de petróleo y el pago de los salarios a los empleados públicos de la región. Una semana después, el Ministerio de Finanzas del Kurdistán confirmó la recepción de los fondos correspondientes a mayo, pero los sueldos de junio y julio siguen pendientes.
HRW recordó que el acceso a la electricidad en la región es irregular: 6 horas diarias en invierno y entre 12 y 14 en verano, e instó tanto a Bagdad como a Erbil (capital del Kurdistán iraquí) a proteger las infraestructuras críticas, garantizar la seguridad de la población y priorizar el pago de salarios como condición esencial para el acceso a los servicios públicos.
“Bagdad y Erbil deben dejar de usar los salarios y medios de vida de los funcionarios como moneda de cambio en sus disputas por el petróleo”, concluyó Sanbar.