Además, amenazó con una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que ese incumplimiento persistiera en la fecha de pronunciamiento de la sentencia, y hasta que el país ponga fin a esa situación.

Los jueces europeos concluyeron que España incumplió sus obligaciones de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores al haber omitido, cuando expiró el plazo dado por la Comisión Europea, la adopción de las medidas para dar cumplimiento a esa normativa.