"Una vez que terminó la audiencia, demoró cinco minutos en comenzar a leer su resolución. Indicó incluso que tenía cuadros elaborados, eso quiere decir que la resolución estaba previamente redactada", afirmó el letrado a la salida de la sala de audiencias donde Vizcarra quedó detenido para ingresar a la cárcel.
El abogado calificó al juez Jorge Chávez Tamariz de "arbitrario" por cuestionar el arraigo familiar de Vizcarra, algo que el fiscal anticorrupción Germán Juárez no había mencionado como motivo para mandar al exgobernante a prisión preventiva mientras concluye el juicio donde está acusado por cohecho al presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).
"¿Qué riesgo de fuga va a existir si sigue estando presente y sigue acudiendo a todas las citaciones judiciales? ¿Qué más muestra de que el señor presidente se ha acogido a todas las decisiones jurisdiccionales?", se cuestionó el abogado de Vizcarra.
Siccha sostuvo que Vizcarra vive con su esposa e hijos en su vivienda de la capital de Lima y que durante el proceso judicial que enfrenta ha viajado por todo el país sin dejar de cumplir con las obligaciones dispuestas por la Justicia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Estamos convencidos de que esta decisión se sustenta en la presión realizada por algunos medios de comunicación y sectores que están en contra de Martín Vizcarra", agregó.
El letrado señaló que Vizcarra "está preocupado por su familia, partidarios y amigos, pero él asume esto con la valentía que siempre le ha caracterizado".
"Confía en la Justicia y va a realizar lo que siempre hemos hecho: frente a decisiones injustas, arbitrarias e ilegales, siempre hemos recurrido a los mecanismos pertinentes", recordó.
Siccha anticipó que apelarán la decisión de prisión preventiva al argumentar también que el juez Chávez Tamariz está casado con una fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato de la Fiscalía de Perú, que integra el mismo fiscal Juárez que investiga a Vizcarra, entre otros expresidentes. "¡Vaya conflicto de intereses!", exclamó el abogado.
Vizcarra está siendo enjuiciado por presunto cohecho pasivo al supuestamente haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (611.000 dólares) de las empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua, a solicitud del entonces gobernador regional.
El fiscal Juárez indicó que Vizcarra pidió supuestamente una comisión de 2 % del contrato para la obra de irrigación Lomas de Ilo en el 2013, que se tradujo en dos pagos de 400.000 y 600.000 soles, consignados como préstamos en los registros contables de la empresa Obrainsa, favorecida con la adjudicación.
Juárez afirmó que los exejecutivos de Obrainsa han corroborado los pagos, mediante un proceso de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía, y que fueron sentenciados por estos hechos.
Asimismo, el fiscal expuso ante el magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que, en el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, Vizcarra condicionó la adjudicación de la obra al pago de 1,8 millones de soles (510.000 dólares).
La ultima entrega fue presuntamente en 2016, cuando Vizcarra ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien sucedió en el cargo en 2018.