Abrego García, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí "por error" y fue traído de regreso a EE.UU., se encontraba detenido en Nashville, Tennessee, a donde el Gobierno lo llevó para que enfrentara un proceso por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EE.UU.
“Hoy, Kilmar Abrego García es un hombre libre”, declaró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante.
El salvadoreño se encuentra camino a Maryland para reunirse con su familia, tras ser arrestado, deportado y posteriormente encarcelado, “ilegalmente”, remarcó el jurista.
La libertad condicional de Abrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, reaccionó a la liberación refiriéndose a Abrego nuevamente como "un monstruo" y al afirmar que su liberación es una muestra de "desprecio" por parte del juez a la "seguridad de los ciudadanos americanos".
Noem insistió en que el Gobierno estadounidense tiene pruebas para acusar penalmente al salvadoreño.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos contra Abrego García por presunto tráfico humano, tras verse obligado -por una orden judicial- a traerlo de regreso a Norteamérica y luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) amenazara con detenerlo para deportarlo una vez más si era dejado en libertad condicional para enfrentar su proceso penal.
“Todo (esto) debido a la arremetida vengativa del Gobierno contra un hombre que tuvo el coraje de luchar contra los continuos ataques de la Administración al Estado de derecho”, valoró Hecker, que agradeció a los tribunales estadounidenses que le hayan permitido el debido proceso a su cliente.
Abrego García deberá enfrentar en libertad dos procesos en dos corte federales.
En el caso penal por tráfico de indocumentados, sus abogados solicitaron a principios de esta semana a la corte de Tennessee desestimar la acusación al argumentar persecución por parte del Departamento de Justicia.
Los abogados han presentado una denuncia de Erez Reuveni, un exfiscal del DOJ, quien afirma haber sido despedido por negarse a presentar un escrito engañoso en el caso.
“Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del Gobierno para castigarlo (a Ábrego García) por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, escribió su equipo defensor en la moción citada por el canal de TV WUSA9.
El proceso penal ha subido tanto de tono que el juez Waverly Crenshaw, encargado del caso, ordenó el mes pasado al Gobierno Trump moderar los comentarios públicos contra el salvadoreño para garantizar un juicio justo.
Los abogados de Abrego, quien ha vivido por más de una década en Maryland (EE.UU.) junto a su esposa e hijos, se quejaron ante el juez por los comentarios "incendiarios" que Noem, ha hecho sobre el acusado.
"Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitándoles pornografía, fotos de ellos desnudos, abusando de su esposa, abusando de otros inmigrantes ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba", dijo la secretaria del DHS en una conferencia de prensa en Nashville a mediados de julio.
"Es un ser humano horrible y un monstruo, y nunca debería ser liberado", añadió la secretaria Noem.
Otros funcionarios de la Administración también han tachado al inmigrante salvadoreño de “criminal peligroso”.
Los abogados del centroamericano en el caso penal afirmaron que esos comentarios tenían el potencial de “manchar el jurado” y poner en peligro a Abrego García y a su familia.
La defensa del salvadoreño en su caso en un tribunal de Maryland también ha luchado contra las acusaciones del Gobierno Trump para deportarlo a pesar de que tenía un permiso de trabajo válido hasta 2029 y un proceso abierto en una corte de inmigración.
El Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado -hasta entonces- de delitos en Estados Unidos.
El caso de Abrego consiguió notoriedad entre los opositores al Gobierno Trump y los grupos de defensa de los derechos humanos, tras ser enviado a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador junto a cientos de venezolanos.
Su expediente se convirtió en un ejemplo de los "abusos" por parte de la Administración republicana a migrantes, en medio de su plan de deportaciones masivas, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos.