Alcides Ortega Villalba, dirigente en Asunción, también planteó la expulsión de las filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado de Peña, a quien acusa de "traición" a la formación política.
Ortega, en un escrito dirigido al titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, argumentó que su petición está amparada en el artículo 225 de la Constitución, que dispone el procedimiento para el juicio del presidente y otras altas autoridades del Estado.
En el documento, señala que existen causales suficientes para solicitar a la Cámara Baja la formulación de una acusación contra el gobernante por "mal desempeño de funciones".
Como primera causal, considera "una traición a la patria" que el Gobierno de Peña firmara "un memorándum para la migración en Paraguay", en alusión al "Acuerdo de Tercer País Seguro" suscrito hace una semana con EE.UU. para que la nación suramericana sea un posible destino para los solicitantes de asilo en territorio estadounidense.
Para Ortega, el tema debió haberse sometido a una amplía consulta dentro del país, ya que, según la solicitud presentada, "a todas luces el actual Gobierno estaría cediendo" una parte importante de la soberanía paraguaya.
También advirtió que recibir a migrantes afectaría las oportunidades laborales de la población local.
El dirigente oficialista menciona como segunda causal la "muerte y el asesinato" del diputado oficialista Eulalio Gomes, en agosto de 2024, durante un operativo policial que consideró se ejecutó "en cumplimiento de una orden judicial cuestionada", debido a que el legislador contaba con fuero.
Gomes murió en un presunto choque con las autoridades que allanaron su casa como parte de una investigación por supuesto lavado de dinero.
El tercer argumento esgrimido por Ortega es un presunto "conflicto de intereses" en operaciones bancarias del Estado por una supuesta relación del mandatario con la entidad financiera Ueno Bank, que ha negado cualquier nexo con Peña.
La petición recuerda que el artículo 225 de la Constitución establece que el juicio contra el presidente y otras altas autoridades debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, con el apoyo de una mayoría de dos tercios, y que, de darse, el juzgamiento correspondería al Senado, también con dos tercios de respaldo.