La decisión judicial fue tomada a partir de un pedido realizado por la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove, por sus siglas en portugués), de acuerdo con Agência Brasil, medio de comunicación oficial del Gobierno brasileño.
Hace una semana, la superintendencia del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) decidió suspender de forma cautelar la moratoria bajo el argumento de que esta iniciativa, establecida en 2006, "constituye un acuerdo anticompetitivo" entre empresas que "perjudica la exportación de soja".
En este sentido, la Justicia argumentó este lunes que el Cade no tuvo en cuenta las manifestaciones técnicas y jurídicas del caso al tomar la determinación e interfirió en la política ambiental de Brasil.
La magistrada Adverci Rates Mendes de Abreu a cargo de la decisión dijo que la moratoria, "integrada por diversos entes públicos y privados", tiene "naturaleza voluntaria" y "viene siendo reconocida como un instrumento de fomento del desarrollo sostenible".
Y afirmó que "su desarticulación inmediata mediante una decisión monárquica, sin debate colegiado" parece "desproporcionada y prematura".
En su decisión, expresó además que la resolución del Cade "no tuvo la consideración expresa" de otros organismos oficiales, como el Ministerio Público Federal o el Ministerio de Medio Ambiente.
La moratoria de la soja es un compromiso voluntario, firmado en 2006 por comercializadoras de granos, que impide comprar soja procedente de fincas que deforestan, incluso si lo hacen legalmente.
Desde entonces, gracias al monitoreo satelital, alrededor del 10 % de la soja producida en la Amazonía (unos 2,6 millones de toneladas) ha sido bloqueada y no puede ser vendida a las empresas firmantes del pacto, según el último informe de seguimiento.