El ministerio peruano agregó que esta acción se realiza en el marco de la activación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, según indicó en un mensaje compartido en las últimas horas en su cuenta de la red social X.
El viernes, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) presentaron el requerimiento de garantías para Calloquispe a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo.
En un comunicado, explicaron que, esta semana, Calloquispe recibió un audio a través de aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el que el interlocutor le dice “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, “no me estés publicando de La Pampa, periodista”.
El reportero había publicado informaciones sobre el modo de operar de las mafias de la minería ilegal en La Pampa, una zona de la región amazónica de Madre de Dios deforestada por esta actividad ilegal extractiva de oro, entre ellas de la organización 'Los Guardianes de La Trocha'.
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El corresponsal de los medios Inforegión, el diario El Comercio y el canal Latina ya había sido amenazado de muerte en 2023 por más de 200 manifestantes que rodearon su casa en Madre de Dios.
La ANP, el CPP y el IPYS requieren a las instituciones del Estado que tomen contacto y protejan al periodista, quien en anteriores ocasiones ha sido ignorado a pesar de sus solicitudes, subrayó el comunicado.
Debido a su trabajo de investigación, Calloquispe recibió el premio Fleischaker/Greene al Valiente Reportaje Internacional en 2024.
Los gremios de prensa agregaron que su labor ha sido fundamental para descubrir las operaciones de mafias de minería ilegal en la selva peruana y recordó que las amenazas contra periodistas han escalado este año, y que dos de ellas han terminado en "lamentables asesinatos", tras la muerte de Gastón Medina en la ciudad de Ica y la de Raúl Celis en la ciudad de Iquitos.
En junio pasado, estos gremios de prensa se reunieron con los fiscales que investigan los asesinatos de Medina y Celis para evitar que los casos se extiendan y caigan en la impunidad.
El caso de Gastón Medina, en el que se ha detenido al presunto autor material, sigue una investigación preparatoria por 120 días y una investigación preliminar para identificar a otros posibles responsables.
El caso de Raúl Celis ha sido trasladado de una fiscalía penal a la de derechos humanos y está en etapa de investigación preliminar por 60 días.
El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar, señaló en esa oportunidad la preocupación de su organización por el mal precedente de la justicia en casos de asesinatos de periodistas, pues son pocos los que finalmente han llegado a una sentencia.
Por su parte, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Lauría, dijo que la falta de justicia en casos de asesinatos a periodistas es "una señal que se da a la sociedad de que quienes matan pueden seguir haciéndolo" y que así "se perpetúa la impunidad, como en México".
Añadió que para muchos periodistas, el clima de violencia "produce autocensura".