En una entrevista a EFE este martes, De Anda subrayó que "la obligación" del GAFI a los países es que "tiene que haber un registro, una licencia, una regulación y una supervisión" de los que prestan esos servicios.
La mexicana, que está desde julio de 2024 al frente de este organismo vinculado a la OCDE que lucha en particular contra el lavado de dinero de actividades delictivas y contra la financiación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva, explicó que se trata en primer lugar de identificar a los que operan en una jurisdicción.
Por ello, se trata no sólo de controlar desde el lugar en el que se generó una empresa de criptomonedas o de otros activos virtuales, sino desde donde se ofrecen los servicios, que puede ser otra jurisdicción distinta.
El principio es aplicar lo que se conoce como la "regla del viajero" para poder recabar para cada transacción información sobre su origen, su destinatario o la cantidad, para poder presentar reportes de operaciones sospechosas si salta la alarma por un posible delito y avisar a la unidad de inteligencia financiera para que pueda investigar.
La otra opción que se da a las más de 200 jurisdicciones que trabajan en el GAFI es, recordó su presidenta, prohibir directamente los activos virtuales, pero entonces "tienen que tener la capacidad para detectar a aquellos que estén operando fuera de la ley".
Y eso implica que hay que saber qué países están haciendo ese tipo de controles y cuáles no.
El GAFI publicó el pasado junio un documento en el que se establece el nivel de riesgo material de los países si cumplen los estándares.
Porque como señaló De Anda, aunque "todas las jurisdicciones son importantes, porque no podemos dejar un espacio o una laguna, hay jurisdicciones que tienen mayor riesgo material, por ejemplo por el número de usuarios o por el volumen de activos virtuales que están circulando".