"Tras nueve meses de mandato, está claro que el nuevo 'esfuerzo de simplificación sin precedentes' realmente significa 'desregulación'", afirman en una declaración conjunta publicada en vísperas de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, pronuncie mañana ante la Eurocámara el discurso anual sobre el estado de la Unión.
Las organizaciones -sindicatos, asociaciones medioambientales, organizaciones de protección de la salud o de defensa de los derechos digitales de los Veintisiete, entre otras- critican que los recortes favorecen a las empresas y que la Comisión Europea están privilegiando a estas a la hora de rediseñar las regulaciones mientras que "excluye" del proceso a organizaciones que defienden el interés público.
"Las reglas de la UE están siendo recortadas para que los accionistas puedan explotar a las personas y el planeta con menos límites. Nuestra protección está siendo vendida para obtener beneficios y nuestra confianza en la democracia se erosiona", afirman en el documento.
En el mismo, subrayan que en aras de la "simplificación" Bruselas va a "debilitar" normas de sostenibilidad como la Directiva de Diligencia Debida en Sosteniblidad Corporativa -que responsabiliza a las empresas de violaciones de derechos humanos en sus cadenas de suministro- o la Directiva de Requisitos de Sostenibilidad, por la que informan de su impacto en esta área.
Critican asimismo que se haya reabierto el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que se hayan rebajado los requisitos ambientales de la Política Agraria Común, que vayan a destinarse fondos de cohesión para apoyar a las industrias de defensa y tecnología, o que se hayan aguado y retrasado las normas internacionales para la banca acordadas tras la crisis financiera de 2007 y 2008.
En este contexto, piden adoptar normas que fortalezcan la protección de los europeos, que se asegure más transparencia y rendición de cuentas para las empresas, que la UE asuma responsabilidad por el impacto negativo de sus actividades, que dé medios suficientes a las autoridades para aplicar las normas y que garantice que organizaciones de la sociedad civil son consultadas en el proceso legislativo.
El documento recoge así, de cara al discurso de Von der Leyen, las reclamaciones que estas organizaciones llevan haciendo casi desde el inicio de la legislatura a raíz, en particular, de las iniciativas para simplificar la regulación europea con el fin de mejorar la competitividad económica de la Unión, bautizadas como "Ómnibus".
De momento, estas se han centrado en normas de sostenibilidad, agrícolas, digitales o de defensa y prevén, entre otras medidas, recortar las obligaciones de las empresas a la hora de informar de su sostenibilidad, reducir la burocracia en particular para las más pequeñas, acelerar la concesión de permisos para proyectos de la industria de defensa o digitalizar la información para los consumidores.
Pese a las críticas, Bruselas ha defendido que no está emulando la desregulación de otras potencias, en particular Estados Unidos, sino reduciendo trabas administrativas sin dinamitar por ello sus objetivos verdes o sociales.