"Si los derechos humanos son ese aire que da vida a nuestras sociedades, la democracia es el espacio que nos permite respirar bien. Una democracia auténtica exige respeto por los pesos y contrapesos, por la división de poderes y por los límites que toda autoridad debe reconocer", afirmó la magistrada en su discurso.
"Allí -advirtió- donde se preserve este delicado equilibrio institucional florece la libertad, donde se quebranta se abre la puerta a la arbitrariedad".
Durante el acto, que tuvo lugar en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y contó entre sus invitados con el vicepresidente del país, Pedro Alliana, la magistrada subrayó que "ese compromiso con la libertad, con la democracia y con la dignidad humana es lo que la Corte Interamericana desea reafirmar hoy desde Paraguay".
Hernández destacó que la Corte IDH ha celebrado 39 periodos de sesiones en 18 países desde 2005, tres de ellos en Paraguay.
El país suramericano, además de ser el primer anfitrión, hace 20 años, del primer periodo de sesiones del organismo interamericano fuera de su sede en Costa Rica, acogió este encuentro en 2014.
Por su parte, el titular de la CSJ de Paraguay, César Diesel, destacó la celebración de este periodo de sesiones como la "manifestación concreta del compromiso del país con los derechos humanos".
Según la agenda oficial, este martes se celebrarán audiencias privadas de supervisión del cumplimiento de las sentencias en cinco casos contra Paraguay, tres de los cuales se refieren al acceso a tierras de los pueblos Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, que datan de 2005, 2006 y 2010, respectivamente.
También se analizará una sentencia sobre el homicidio del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido el 26 de abril de 1991, y otra condena de 2023 en el caso del argentino Arnaldo Córdoba por incumplimiento en la restitución internacional de su hijo.
Entre el miércoles y el viernes, la Corte analizará denuncias contra Perú, Argentina y Brasil.
Una de las causas está referida a la "alegada responsabilidad" del Estado peruano "con la detención, tortura y violencia sexual de la que habría sido víctima Georgina Gamboa García, indígena quechua, en 1981, cuando tenía 17 años" y la falta de diligencia en la investigación y sanción de lo ocurrido.
El jueves 25 será analizada la destitución del juez argentino Eduardo Moliné O’Connor del cargo que tenía en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2003, contra la que se "alegan violaciones a la independencia judicial", según la información del organismo.
Mientras que el viernes se tratará la supuesta responsabilidad de Brasil "por las presuntas violaciones ocurridas en el marco de las investigaciones por la muerte de 96 bebés entre junio de 1996 y marzo de 1997 como consecuencia de la alegada negligencia médica de empleados de la Clínica Pediátrica da Região dos Lagos", en el estado de Río de Janeiro.
En este jornada, manifestantes se acercaron a las puertas de la CSJ, entre ellos afectados por la denominada "Mafia de los pagarés", que presuntamente implica a empleados de la Justicia en la manipulación de causas para hacer cobros de deudas a centenares de personas, e indígenas que reclaman tierras al Estado, para llamar la atención de la Corte IDH.