"La cuestión no es ser escuchados, sino tener respuestas precisas", ha advertido en declaraciones a la prensa la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, justo antes de entrar en Matignon, la residencia oficial del primer ministro.
Binet ha recordado que tras la última jornada de protestas el día 18, en la que salieron a las calles cientos de miles de personas (500.000 según la policía, más de un millón según la CGT), todas las centrales habían acordado que si no recibían "respuesta positiva" a sus demandas organizarían "rápidamente" otras huelgas y manifestaciones.
Para la líder del segundo sindicato francés, si Lecornu no se pliega "la conclusión está clara".
Los ocho sindicatos representativos que organizaron las huelgas y manifestaciones del día 18 quieren en primer lugar que el nuevo primer ministro abandone el conjunto del proyecto de presupuestos en el que trabajaba su predecesor, el centrista François Bayrou, que cayó precisamente al ser desautorizado en una moción de confianza en el Parlamento por esa cuestión el pasado día 8.
Bayrou preparaba un ajuste del déficit de cerca de 44.000 millones de euros, en particular mediante una congelación de las prestaciones sociales, la no indexación de las pensiones con la inflación o la supresión de dos días festivos, una medida que se evidenció particularmente impopular.
Los sindicatos exigen a Lecornu, que es un fiel colaborador del presidente francés, Emmanuel Macron (ha formado parte de todos sus gobiernos desde que llegó al Elíseo en 2017), que la renuncia a ese presupuesto suponga igualmente dejar de lado la supresión de 3.000 puestos de funcionarios y la reforma del subsidio de paro.
Otra de sus reivindicaciones, y de las más controvertidas, es dar marcha atrás en la reforma de las pensiones de 2023 que está retrasando progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.
Igualmente exigen "justicia social" en forma de impuestos a los mayores patrimonios del país, a los que tienen los ingresos más altos y al pago de dividendos.
Por último, quieren más dinero para los servicios públicos e inversiones para "una transición ecológica justa" y para la reindustrialización del país, así como "medidas contra los despidos".
Los sindicatos tienen previsto reunirse esta tarde, después de haber analizado su conversación con el primer ministro para tomar decisiones.
Lecornu no ha dado muchas pistas de lo que pretende hacer desde su nombramiento el pasado día 9, más allá de descartar la supresión de los dos días festivos y decir su intención de marcar una "ruptura", sin concretar en qué se traduciría.
Ha entablado negociaciones con los sindicatos, pero sobre todo con los partidos a la búsqueda de algún tipo de acuerdo, sobre todo con los socialistas para evitar al menos que le tumben un nuevo proyecto de presupuestos para 2026, que es el principal mandato que le impuso Macron al ponerlo en el cargo.
El primer ministro ha previsto recibir este jueves a las organizaciones patronales, que se han mostrado particularmente críticas con la principal exigencia de los socialistas, que es la creación de un impuesto que gravaría con un 2 % el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia.