A comienzos de esta semana la capital española aprobó la polémica medida, a propuesta del partido de ultraderecha Vox y con los votos a favor del conservador Partido Popular (PP), que gobierna la ciudad.
Con esta decisión la información sobre un supuesto "síndrome posaborto" estará de manera permanente en los centros municipales de salud, espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer y centros de servicios sociales de Madrid.
El objetivo de la medida es explicar a las mujeres que quieran abortar las consecuencias que tiene para su salud, entre ellas, alcoholismo, depresión o pesadillas, según argumenta la ultraderecha española.
Tras conocerse la decisión del Ayuntamiento, la ministra española de Sanidad, Mónica García, avanzó que su departamento estudiará la legalidad de la propuesta, ya que, según afirmó, "no existe un síndrome posaborto como diagnóstico clínico", información que han confirmado expertos consultados por EFE.
"El trauma posaborto no está en las clasificaciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no es una etiqueta científica como tal", explicó la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), Marina Díaz.
De hecho, la OMS alerta de que "cuando una mujer no recibe una atención para el aborto segura, asequible, oportuna y respetuosa y se la estigmatiza por abortar, su bienestar físico y psíquico puede verse afectado durante toda la vida".
Ante la polémica, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida (PP), que en un primer momento defendió la medida, admitió este jueves que el supuesto "trauma posaborto" no es una "categoría científica reconocida" y avanzó que no se "obligará" a las mujeres a recibir información sobre ello.
La primera ley que despenalizaba el aborto en España se aprobó en 1985, aunque lo limitaba a los supuestos de violación, de riesgos de malformaciones del feto y de peligro para la salud física y mental de la madre, y no fue hasta 2010 que el país permitió la interrupción libre del embarazo.
Una reforma de la ley del aborto de 2023 eliminó el periodo de reflexión de tres días, así como la documentación que se daba a las mujeres cuando solicitaban una interrupción voluntaria del embarazo con alternativas al aborto.
Asimismo, acabó con la necesidad del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años.
En 2024 se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España, un 3 % más que el año anterior, y la mayoría de los abortos se realizaron en centros privados, según datos del Ministerio de Sanidad.