El caso, basado en una denuncia del empresario Álvaro Romillo, se refiere a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas (2024), en la que Pérez le habría solicitado dinero para financiar su partido, pero de forma oculta, sin constancia documental.
A cambio de entregarle 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actividad como parlamentario europeo.
Ambos, según un auto del juez Julián Sánchez Melgar, habrían acordado que la entrega se haría por un tercero, comisionado de Romillo, que daría a Pérez Fernández una mochila con dicha cantidad.
Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha sido comprobado por la instrucción judicial a través del teléfono móvil de Romillo.
En la declaración que prestó en julio ante el instructor de forma voluntaria, Alvise Pérez aseguró que recibió ese dinero en pago por una conferencia ante un grupo de posibles seguidores o interesados en su posición política.
Fue una intervención de escasa duración, y por la que iba a cobrar la expresada suma de 100.000 euros, "hecho a todas luces, poco verosímil", según el auto judicial.
También negó que utilizara el dinero para la financiación de su partido, que obtuvo tres eurodiputados, porque, según aseguró, la campaña le costó poco más de 30.000 euros.
Este es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara para que se le levante la inmunidad de Alvise Pérez de las cuatro causas que tiene abiertas en el Supremo español.
El pasado mes de julio ya se acordó remitir la que investiga un delito de acoso y otros de los que habría sido víctima la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia (España), Susana Gisbert.
Este mismo domingo Alvise Pérez presentó en Madrid su partido (SALF) para concurrir en las próximas elecciones generales españolas, previstas para 2027, con un programa que plantea la deportación masiva de inmigrantes irregulares, la creación de una cárcel como las de El Salvador o un referéndum para decidir si España sigue en la UE.