"Un asesino fue sentenciado hoy al castigo de retribución (Qisas) en el estadio deportivo de la provincia de Badghis", indicó la Corte Suprema en un comunicado oficial.
Las autoridades afirmaron que el ejecutado, identificado como Ismail, había "asesinado deliberadamente a Dost Mohammad, hijo de Noorudin, y a Gulbarga, hija de Amir Mohammad", ambos residentes del mismo distrito.
La Corte Suprema explicó que el caso fue revisado de manera exhaustiva por "tres tribunales del Emirato Islámico (Primario, de Apelaciones y de Tamiz)" y que todas las instancias confirmaron la sentencia de muerte. El fallo final fue enviado al líder supremo talibán, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, para su aprobación.
De acuerdo con el comunicado, Akhundzada llevó a cabo "una investigación extraordinaria con extrema precaución" antes de autorizar la ejecución.
Las autoridades señalaron que la familia de las víctimas fue invitada a perdonar o llegar a una reconciliación, pero se negó. "A la familia de las víctimas se le ofreció la opción del perdón y la reconciliación, pero al rechazarla e insistir en la retribución, se emitió la orden para la aplicación del mandato divino de Qisas", precisó la Corte.
La ejecución tuvo lugar en el estadio deportivo provincial de Badghis, en presencia de funcionarios judiciales y locales, eruditos religiosos, líderes tribales y un gran número de residentes.
El comunicado concluyó señalando que la sesión "terminó con la ejecución del asesino y la aplicación del gran mandato de Alá Todopoderoso: Qisas (retribución)".
Las ejecuciones públicas, que los talibanes describen como la aplicación de la ley islámica, han generado una amplia condena internacional desde su regreso al poder en 2021.
Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), al menos cuatro ejecuciones públicas se realizaron solo el pasado abril en las provincias de Badghis, Farah y Nimroz, lo que eleva a alrededor de una decena los casos confirmados desde el retorno al poder de los fundamentalistas.
La ONU y organizaciones como Human Rights Watch han condenado repetidamente estas prácticas, que califican de violaciones graves de los derechos humanos y del debido proceso.