En un comunicado, el Ejecutivo justificó esa rectificación de los presupuestos por razones de "claridad" y "transparencia" para "garantizar un debate parlamentario leal y sincero".
El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, que debe presidir cada Consejo de Ministros, lo hizo esta vez desde Bruselas, donde estaba participando en la cumbre europea.
Suspender la controvertida reforma de las pensiones -que está retrasando progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años- era una de las principales exigencias de los socialistas para no sumarse a las mociones de censura que se presentaron contra Lecornu la semana pasada, y si has hubieran votado eso habría significado el fin de su Gobierno.
En su comunicado, el Ejecutivo precisó que la suspensión, siempre a condición de que los presupuestos de la Seguridad Social sean aprobados -algo que no se puede dar por seguro por la fragmentación parlamentaria-, significará que se aplazará ese retraso de la edad de jubilación hasta el 1 de enero de 2028, es decir, hasta después de las próximas elecciones presidenciales de 2027.
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Lo mismo ocurrirá con el alargamiento del periodo de cotización necesario para percibir una pensión completa, que está subiendo de 42 a 43 años.
Se trata de que el debate sobre el futuro de las pensiones y la forma de financiarla se dirima durante la campaña de esas presidenciales, programadas para la primavera de 2027, aunque Macron también dejó abierta a comienzos de semana la posibilidad de organizar antes un referéndum sobre esa cuestión.
La posibilidad de un referéndum se abriría si hubiera un acuerdo entre sindicatos y patronal, en una conferencia que debe organizarse dentro de unas semanas, y que se formalizaría en una propuesta sometida al voto de los franceses.
El Ejecutivo advirtió en su comunicado que la suspensión de la reforma "evidentemente tiene un coste y, como siempre ha dicho el primer ministro, tiene que ser compensado". Un aspecto que deberá ser discutido por los parlamentarios en el debate presupuestario de las próximas semanas.
Según las cifras ofrecidas por el propio Gobierno, el costo directo para las cajas de pensiones sería de 400 millones de euros en 2026 y de 1.800 millones en 2027.