La solicitud fue firmada por representantes de los opositores UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Demócratas, Amarillos, Partido de la Gente y Partido Social Cristiano.
“Esperamos que los colegas del Gobierno voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente, sin hacer una defensa corporativa (...) Esperamos también que voten en conciencia en favor de la ciudadanía y no en favor de un ministro que ha demostrado nada más que ineptitud”, dijo en un punto de prensa el jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en su destitución o su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Si la Cámara Baja da el visto bueno a la acusación, será el Senado el encargado de llevar a cabo contra Pardow.
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A mediados de octubre la prensa chilena reveló un informe revelado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo público encargado de la regulación, el análisis y la asesoría técnica del sector energético chileno, en la que detecta un error en el mecanismo de cálculo de las tarifas eléctricas que aplica desde 2017.
De acuerdo con el estudio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplicó dos veces en períodos anteriores, generando un alza en las cuentas superior a la que correspondía.
El escándalo provocó la salida del Gobierno de Pardow, militante del Frente Amplio, el partido de Boric, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.
El Gobierno ha prometido que devolverá los cobros extra que calcula en 250 millones de dólares y que ha alcanzado acuerdos con empresas transmisoras y generadoras.
El nuevo ministro de Energía, Álvaro García, indicó este lunes que se devolverá “en torno a los 2.000 pesos (cerca de 2,2 dólares al cambio de hoy) al mes para cada hogar, que es exactamente el monto que se cobró de más”.
El precio de la electricidad es una de las principales preocupaciones de millones de chilenos, sobre todo desde mediados de 2024, cuando se descongelaron las tarifas eléctricas.
Los precios de la luz fueron congelados en noviembre de 2019 por el Gobierno del expresidente conservador Sebastián Piñera, en medio del estallido social que azotaba entonces al país, y fueron extendidas en 2022 como parte de las medidas implementadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia.
La acusación constitucional de Pardow tiene lugar en plena campaña electoral para las presidenciales del 16 de noviembre, en las que suenan como favoritos en todas las encuestas la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric, y el ultraderechista José Antonio Kast.