Desde hoy y hasta el 13 de noviembre, el Tribunal Supremo español juzgará si García Ortiz filtró un correo en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto al fiscal y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda -que le reclama 350.000 euros- en busca de una rebaja en la petición de condena.
Tras ser preguntado por el presidente del tribunal si se considera autor responsable de los delitos que se le imputan, el Fiscal General respondió "no", negando así su implicación en la supuesta revelación de secretos.
La acusación particular, que ejerce la pareja de Díaz Ayuso, y las acusaciones populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para el fiscal, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, reclaman su absolución.
Durante la vista de este lunes, la Fiscalía tomó la palabra para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
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También la representante de la Abogacía del Estado denunció la vulneración de todo un conjunto de derechos del fiscal y aseguró que el juez que instruye la causa inició las pesquisas "con la idea preconcebida de que el investigado era culpable".
Según la defensa del fiscal, ha sido una instrucción "inquisitiva" con una "valoración selectiva de la prueba" en la que no se han tenido en cuenta otras hipótesis y que ha dado lugar a "un proceso injusto" en el que García Ortiz "no ha podido defenderse en las condiciones exigibles".
Este caso ha provocado un importante debate político en España entre el conservador Partido Popular (PP), al que pertenece Isabel Díaz Ayuso, que piensa que el Fiscal General debería haber dimitido ante la acusación para salvaguardar el prestigio de la institución, y el Gobierno socialista, que nombra a este alto cargo del Estado y que defiende su inocencia.