La aprobación de este presupuesto complementario es la primera gran prueba de fuego para el Ejecutivo de la primera ministra, Sanae Takaichi, que debe ahora conseguir el visto bueno en el Parlamento, donde el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) está lejos de la mayoría absoluta y necesita a la oposición para legislar.
El presupuesto es muy superior a los 13,94 billones de yenes (76.950 millones de euros) del ejercicio previo y representaría la mayor partida de este tipo para el archipiélago japonés desde la pandemia de la covid, en una muestra de la postura fiscal expansiva de la que Takaichi se muestra partidaria.
Gran parte del desembolso (11,7 billones de yenes o 64.600 millones de euros) se financiará con la emisión de bonos estatales, en línea con las posturas de la mandataria, favorable a aumentar el endeudamiento de Japón para estimular su economía, según el borrador, al que tuvo acceso la agencia local de noticias Kyodo.
Los rumores sobre la medida llevan semanas impulsando el rendimiento de los bonos japoneses a largo plazo, en máximos de diez años en medio de la preocupación por la salud fiscal del país, el más endeudado entre las economías desarrolladas.
El Ejecutivo de Takaichi espera aprobar el nuevo presupuesto complementario antes de que termine la sesión extraordinaria de la Dieta (el Parlamento japonés), el 17 de diciembre.
La semana pasada, el Gobierno nipón aprobó su esperado paquete de estímulos, por valor de 21,3 billones de yenes (unos 117.600 millones de euros), que incluye medidas de alivio para la inflación a corto plazo e inversiones estratégicas en sectores clave como la construcción naval y la inteligencia artificial.
"Implementaremos un gasto fiscal estratégico para proteger la vida de la población y construir una economía sólida", dijo entonces Takaichi en declaraciones televisadas.
Entre las iniciativas más esperadas se encontraba la abolición del impuesto provisional a la gasolina, aprobada este mismo viernes por los legisladores, que se aplicará a partir del 31 de diciembre. A ella le seguirá, si las deliberaciones siguen su curso actual, la abolición del impuesto provisional al diésel el 1 de abril de 2026.
Se estima que esta medida conllevará unas pérdidas de ingresos anuales de unos 1,5 billones de yenes (3.300 millones de euros) para las arcas públicas japonesas.
Los precios han subido en Japón una media del 3 % en meses recientes, en un contexto de estancamiento de los salarios reales, y el ciclo de crecimiento tras décadas de deflación en la tercera mayor economía global viene pesando en los hogares.