Lammy aseguró ante el Parlamento que la medida no afectará a los delitos más graves, como violación, asesinato, trata de personas, agresiones con lesiones graves, extorsión o los delitos de drogas más serios, que seguirán contando con un jurado popular.
El plan contempla la creación de unos nuevos "tribunales rápidos", presididos por un solo juez, que se ocuparán de los casos con penas de hasta tres años sin jurado, con el objetivo de liberar recursos de tiempo y personal para los juicios complejos.
Paralelamente, los jueces legos voluntarios, característicos del sistema inglés, verán ampliadas sus competencias en sus tribunales, pudiendo imponer penas de hasta 18 meses -frente a los 12 actuales-, ampliables a dos años si fuera necesario, lo que contribuirá a aliviar aún más el sistema.
Según el plan anunciado hoy, el Gobierno también extenderá los juicios sin jurado a delitos financieros y fraudes especialmente técnicos y extensos, para evitar que los ciudadanos tengan que dedicar meses a causas de gran complejidad.
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El ministro, que en la oposición defendía con firmeza el uso de jurados, había planteado previamente eliminarlos en delitos con penas de hasta cinco años, pero moderó su propuesta ante la oposición política y de los abogados.
Lammy explicó a los diputados que los cambios son necesarios para abordar la acumulación de casos, que actualmente se cifra en 78.000 y podría alcanzar los 100.000 en 2028.
Del 3 % de procesos que actualmente se ven con jurado, se estima que un 1 % irán ahora a los tribunales legos, un 0,5 % a los tribunales rápidos presididos por un solo juez y un 1,5 % mantendrán el jurado.
Junto a las reformas procesales, el Ejecutivo anunció que destinará 550 millones de libras (625 millones de euros) adicionales a servicios de apoyo a víctimas y testigos, y aumentará hasta 34 millones anuales (38,6 millones de euros) la financiación para abogados de oficio.
La propuesta de Lammy, basada en un informe encargado a un juez jubilado y que ya se había filtrado parcialmente a la prensa, ha recibido críticas de la oposición conservadora y del sector legal, que le reprochan que socave una institución histórica, y advierten de que puede perjudicar a las víctimas más vulnerables.