La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó durante una reunión de gabinete que 29 estados con mayoría republicana ya entregaron los datos solicitados, mientras que 21 estados, entre ellos California, Nueva York y Minnesota, se han negado a cumplir con la solicitud realizada en febrero.
Rollins afirmó que la información es necesaria para "erradicar el fraude" y proteger al contribuyente estadounidense.
"A partir de la próxima semana, comenzaremos a detener el traslado de fondos federales a esos estados hasta que cumplan y nos permitan asociarnos con ellos", dijo Rollins.
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La decisión ha provocado críticas de gobernadores y fiscales generales, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien cuestionó en redes sociales la medida, mientras que el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, la calificó como un intento de "castigar a los rivales políticos" y señaló que el requisito de datos es parte de una campaña para "recopilar información personal sensible indebidamente".
Un juez federal de San Francisco emitió en octubre una orden preliminar que impide a la Administración retener los fondos a los estados que se nieguen a proporcionar los datos.
El Departamento de Agricultura puede apelar la decisión antes del 15 de diciembre, pero la solicitud de suspender la orden judicial mientras se resuelve la apelación ya fue denegada.