“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, defensores de la libertad y de los derechos humanos y, en particular, de todos aquellos detenidos en la ceremonia conmemorativa de Khosrow Alikordi (abogado de derechos humanos) en Mashhad”, reza el comunicado firmado por los activistas y divulgado por la Fundación Narges, gestionada por la familia de Mohammadi en París.
El documento denuncia que lo ocurrido el viernes “reflejó de manera clara el preocupante estado de la libertad y la seguridad y, en consecuencia, la ineficiencia y la falta de rendición de cuentas de las autoridades” en Irán.
“Reiteramos que la detención violenta de activistas políticos y civiles no es una reacción a la alteración del orden, sino parte de un proceso continuo de restricción deliberada de la sociedad civil y de silenciar voces que abogan por el derecho a la autodeterminación, la dignidad humana y la transición pacífica del yugo de la tiranía”, afirmaron.
Además, responsabilizaron al Gobierno iraní y a sus agentes de “cualquier daño físico o psicológico a los detenidos”.
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Entre los signatarios del comunicado, además de los cineastas Panahi y Rasoulof, aparecen figuras destacadas como la defensora de derechos humanos y ex prisionera política Sedigheh Vasmaghi y el activista político encarcelado Mostafa Tajzadeh.
Las autoridades iraníes han informado de que unas 39 personas fueron detenidas el viernes durante el memorial de Alikordi por “comportamientos que vulneraron las normas”.
Vídeos publicados en las redes sociales mostraron a Mohammadi coreando lemas como “Viva Irán” durante el acto, mientras otros en la multitud lanzaban consignas contra la República Islámica, como “¡Muerte al dictador!”.
Según la Fundación Narges, la premio Nobel de la Paz 2023 denunció anoche, en una llamada telefónica con su familia en Irán, que recibió duros golpes con porras en la cabeza y el cuello durante el arresto, por lo que ha sido trasladada en dos ocasiones al hospital.
También dijo que fue amenazada de muerte y que la han acusado de “colaborar con el Estado de Israel”, un cargo por el que la justicia iraní puede condenar a muerte.
Mohammadi, de 53 años, se encontraba en libertad condicional y, a finales de noviembre, denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma “permanente” salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.
La activista se encontraba fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos.
Mohammadi ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y ha pasado más de diez años de su vida en prisión, la última vez entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, por sentencias que suman más de 13 años por cargos que incluyen “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad estatal”.