La ley, que fue aprobada el pasado 5 de diciembre por el pleno del Legislativo, fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.
El Gobierno de transición, que preside José Jerí, presentó su pedido de facultades legislativas el 24 de noviembre pasado, cuando el primer ministro, Ernesto Álvarez, se presentó junto a otros ministros ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para explicar esa solicitud.
Álvarez sostuvo en ese momento que Perú afronta una crisis política y social que amenaza "no solamente la coyuntura inmediata de la política, sino la estructura misma de la sociedad peruana", con el aumento de la criminalidad y su infiltración en el aparato del Estado.
Tras indicar que es "sumamente complicado mencionar una institución que esté a salvo de la infiltración de la delincuencia y la criminalidad organizada", anunció que el Ejecutivo planea dictar "medidas urgentes" para contar con "los instrumentos adecuados para ejercer una defensa eficaz" de la ciudadanía.
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La autorización del Congreso especifica que el Gobierno podrá emitir 24 normas para fortalecer la seguridad y la lucha contra la criminalidad, entre ellas modificaciones en el Código Penal para tipificar la tenencia ilegal de armas de fuego, delitos en flagrancia y el uso indebido de la figura de refugiado por parte de extranjeros en situación irregular.
También, podrá fortalecer el marco penal y procesal aplicable a la minería ilegal, incorporar el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y actuaciones policiales e incrementar las penas para el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, entre otros temas.
El Ejecutivo también fue facultado para emitir 17 normas en temas económicos, entre ellas una para modificar el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, la Ley Penal Tributaria y establecer un procedimiento para controlar el valor en el régimen aduanero de importación para el consumo, así como modificar la Ley General de Aduanas.
La ley faculta, además, al Gobierno a dictar siete normas para el fortalecimiento institucional, que incluirán la modificación de la Ley General de Sanidad Agraria para incorporar disposiciones sanitarias de protección y bienestar de animales domésticos, entre otros aspectos.