Un total de 18 organizaciones asentadas en España denuncian que las medidas que se están adoptando en torno a la implementación del Pacto "menoscaban gravemente derechos y garantías consolidadas en el Derecho internacional, el acervo europeo y las legislaciones nacionales", con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra este jueves.
Estas entidades han dirigido una carta al Gobierno español con sus principales preocupaciones sobre las propuestas actualmente bajo debate, entre las que se encuentra el modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, sin garantías del cumplimiento de los derechos humanos.
"El refuerzo del concepto de 'tercer país seguro', que permite a los Estados de la UE rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona podía haber solicitado protección internacional en un tercer país, contraviene la práctica general del derecho internacional sobre personas refugiadas", aseguran
Y advierten de que "permite expulsar a personas que solicitan asilo a países donde no tienen ninguna relación, por la fuerza y sin posibilidad de recurrir la decisión".
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Además, alertan de que en la lista de países seguros en los que se delega la identificación y detención de las personas migrantes se incluyen algunos denunciados en múltiples ocasiones por violación de derechos humanos y libertades fundamentales.
Respecto al impacto en la infancia migrante y solicitante de protección internacional, la aplicación de estos conceptos es especialmente preocupante y podría ir en contra del interés superior de la infancia.
También denuncian el refuerzo de los procedimientos de control, identificación y evaluación rápida de nacionales de terceros países en frontera (triaje) y el uso intensivo de datos biométricos, que pueden aumentar la criminalización y el racismo institucional.
Y cuestionan la llamada 'solidaridad flexible', un acuerdo que permite a los Estados miembro financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, como alternativa a la reubicación de las personas con necesidad de protección en la UE, y señalan que no puede sustituir a un verdadero sistema de solidaridad y acogida.
Entre las entidades firmantes figuran Amnistía Internacional, la Comisión española de Ayuda al Refugiado, Médicos Sin Fronteras, la Asociación Rumiñahui, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes o Save the Children.