Lara se reunió hoy con los representantes del gubernamental Partido Demócrata Cristiano (PDC), las alianzas opositoras Libre, APB Súmate y Popular, y asumieron una posición conjunta para rechazar "categóricamente" el decreto 5503 que dispone el retiro de la subvención a los combustibles, entre otras medidas para salir de la crisis económica que vive el país.
"Nosotros rechazamos esas medidas, consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes", afirmó Lara en una declaración pública posterior al encuentro.
Los representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) no participaron en la reunión, mientras que los de la alianza Unidad Nacional (UN), aliada de Paz, sí acudieron, pero decidieron apoyar la decisión del Ejecutivo.
El presidente Paz anunció el miércoles el retiro de la subvención de los combustibles en Bolivia y declaró la "emergencia económica, financiera, energética y social" porque, según dijo, su país no podía seguir funcionando "con normas de los últimos 20 años", en los que gobernaron Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
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En un mensaje televisado, Paz anunció un decreto que calificó como una "decisión histórica de salvataje de la patria" que permitirá "actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo".
Desde hace más de dos décadas, en Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vendió a un precio subvencionado que rondó los 0,53 dólares y que anualmente representa un costo al Estado de más de 2.000 millones de dólares.
El decreto anunciado establece que la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina prémium estará a 11 bolivianos (1,58 dólares) y el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares), y mantiene en 22,50 bolivianos (3,23 dólares) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).
El Ejecutivo anunció también una serie de medidas complementarias, como el aumento en 20 % del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), incrementos de bonos para adultos mayores y escolares y aranceles cero para la importación de maquinaria industrial, insumos y repuestos de vehículos, entre otros.
Lara es uno de los principales críticos de las decisiones del Gobierno de Paz y en varias ocasiones ha denunciado que se lo margina de reuniones del gabinete de ministros y de otras que se desarrollan para asumir medidas importantes para el país.