En una publicación en X, la organización relató que el dirigente fue arrestado en Caracas durante la mañana, tras presentarse voluntariamente, "cumpliendo con una medida cautelar de presentación que mantenía desde el año 2017", ante un tribunal militar en Fuerte Tiuna, la principal instalación castrense de la ciudad.
"Dicha medida fue revocada de manera sorpresiva, quedando detenido inmediatamente en sede judicial, sin que se conozcan razones objetivas que justifiquen esta decisión", indicó la ONG.
Escalante, detalló la organización, fue "detenido arbitrariamente" en 2017 y estuvo recluido cinco meses en la cárcel militar de Ramo Verde. Luego, añadió, fue excarcelado bajo las medidas cautelares, incluyendo la exigencia de presentación periódica ante tribunales, que cumplía este lunes cuando fue detenido.
Asimismo, recordó que Fetracarabobo está afiliado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el principal organismo sindical del país suramericano, y cuyo secretario general, José Elías Torres, denunció la ONG, "se encuentra actualmente en situación de desaparición forzada".
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Clipp calificó la detención como una "violación a la libertad de asociación y a los convenios internacionales" de la Organización Internacional del Trabajo.
"Defender derechos laborales no es delito. Cumplir con medidas judiciales no puede convertirse en una trampa para encarcelar", agregó.
Este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que cinco presos políticos de la cárcel Rodeo I (estado Miranda, vecino de Caracas) acumulan 49 días bajo un "régimen de castigo" que les impide recibir visitas y paquetería, incluyendo alimentos y medicinas, de sus familiares.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el jueves que 91 presos políticos en Venezuela padecen "enfermedades graves" y denunció que el "deterioro físico progresivo" de estos detenidos es producto de una "forma de violencia estructural".
JEP contabiliza en Venezuela 1.084 presos políticos, una cifra mayor a la de Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los detenidos por razones políticas y los cifra en 893.
Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía aseguran que en el país no hay presos políticos, sino que -insisten- cometieron diversos delitos.