ONG pide escrutinio "transparente" en Honduras y dice que voluntad popular "no se negocia"

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Tegucigalpa, 19 dic (EFE). La organización humanitaria Cristosal hizo este viernes un "llamado urgente" para que el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en Honduras se realice de manera "transparente, pacífica y conforme a la ley electoral", y dijo que la voluntad popular expresada en las urnas "no se negocia".

El escrutinio especial debe realizarse de "forma transparente, pacífica y conforme a la ley electoral, como única vía legítima para proteger la voluntad popular expresada en las urnas", subrayó Cristosal en un comunicado.

Cristosal instó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados definitivos, a respetar la calendarización establecida para el escrutinio de los comicios y afirmó que la voluntad del electorado "no se negocia ni se sustituye por arreglos políticos".

El recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias, que comenzó el jueves tras casi una semana de retraso, cuenta con el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales.

Según los resultados preliminares del CNE, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, se mantiene al frente de las votaciones con el 40,23 % de los votos, frente al 39,64 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores.

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La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien no reconoce las elecciones, se ubica en el tercer lugar con 19,13 %, tras escrutarse el 99,84 % de las actas.

Cristosal pidió a los partidos políticos "actuar con responsabilidad democrática, evitar discursos y acciones que alimenten la confrontación o la desinformación, y canalizar los desacuerdos exclusivamente por vías institucionales".

También exhortó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a "abstenerse de intervenir" en disputas político-electorales y a actuar "estrictamente dentro de sus competencias constitucionales".

La organización señaló que el Gobierno debe garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos y evitar "cualquier forma de intimidación o represión política" contra la ciudadanía.

"Independientemente de los resultados electorales, los diferentes actores políticos tienen el deber histórico de dar soluciones a los problemas más importantes del país, como la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la construcción de instituciones sólidas con participación ciudadana", enfatizó.

Para ello, añadió, es "indispensable" crear los consensos necesarios que permitan un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo, que garantice el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas.

La organización destacó la "madurez" de los votantes y reafirmó su compromiso de seguir documentando casos de violencia política para "dar voz a las víctimas, exigir justicia, combatir la impunidad y ayudar a preservar la verdad", porque solo así "será posible que el pueblo hondureño ejerza sus derechos sin miedo y con dignidad".

La violencia política en Honduras dejó 67 incidentes entre septiembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025, según el informe "Democracia bajo amenaza", de Cristosal, divulgado la semana anterior.