Decenas de mineros cooperativistas llegaron desde otras regiones del país y marcharon hacia La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, desde la ciudad vecina de El Alto, para mostrar que este sector "está dispuesto a todo" para que el Gobierno retroceda en su decisión.
"Esta marcha se ha convocado para derogar este decreto que atenta los derechos de todos los bolivianos. (Si no se retira) vamos a continuar con medidas, tiene que haber una convocatoria sana y estructural para sentarnos a dialogar", dijo a EFE el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Josué Richard Kari Kari.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, Alfredo Yanarico, afirmó que el levantamiento de la subvención a los combustibles "afecta a toda la población" boliviana, en especial a quienes viven "del día a día".
"Espero que el compañero presidente pueda entrar en reflexión y conocer cuál es el sector verdaderamente cooperativista en este país", expresó.
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La movilización de los mineros en La Paz provocó la molestia de algunos transeúntes, pues en varias partes de la ciudad les insultaron y les exigieron que se vayan de la ciudad.
"¡Paguen sus impuestos!" y "¡Ladrones!", fueron algunas frases que les gritaron, además otros los vincularon con el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político que gobernó el país en los últimos 20 años.
Por su parte, los sectores afiliados a la COB también protestaron en las calles y a su paso dejaron en claro que la movilización "no es política", sino "es un movimiento reivindicativo de los afiliados y de los que no están afiliados que se sumaron en los nueve departamentos".
"Los bolivianos a futuro vamos a pagar la factura, porque no solamente es el tema de la subvención, hay muchos temas que tenemos que tocar y seguro en el escenario pertinente lo vamos a hacer notar", dijo a EFE el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.
En la ciudad central de Cochabamba, juntas vecinales, grupos de campesinos y cocaleros marcharon también por la eliminación del decreto.
Los movilizados cerraron algunas calles de la ciudad por algunas horas, acusaron al presidente Paz de "robarles" la subvención y pusieron en carteles "No al gasolinazo".
En la víspera, el Gobierno se reunió con la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, que tenía previsto iniciar una huelga indefinida esta jornada, pero la protesta se suspendió tras alcanzar un acuerdo con las autoridades.
El decreto 5503, emitido el miércoles por Paz, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.
Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada de otras medidas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), e incrementos en los bonos para escolares del sistema público y adultos mayores.
El Ejecutivo de Paz calculó que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB), por lo que explicó que no es posible retirar parcialmente el subsidio, ni reponerlo.
Es el primer conflicto que afronta Paz desde que tomó juramento el pasado 8 de noviembre.