En un comunicado, el Estado Mayor de las FARDC condenó las declaraciones de Ekenge "estigmatizando a la comunidad tutsi, emitidas por la Radio y Televisión Nacional Congoleña (RTNC) el sábado" pasado.
"Como consecuencia de este acto, se ha decidido suspender al mencionado individuo de sus funciones como portavoz de las FARDC", indicó la nota oficial.
El Estado Mayor subrayó que las declaraciones "no reflejan en modo alguno la postura oficial de la República Democrática del Congo (RDC)", y reafirmó su disposición a proteger "la seguridad de todos los congoleños y congoleñas, sin distinción alguna".
"En este momento crucial, el Estado Mayor hace un llamamiento a toda la población a unirse, a mantenerse unida y a rechazar todo discurso de odio, para apoyar a las FARDC en el cumplimiento de su noble misión", añadió el comunicado.
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El teniente general fue suspendido tras hacer estos comentarios: "Hoy en día, al casarse con una mujer tutsi, hay que tener cuidado. Cuando se es líder, como un gran jefe tradicional, se recibe una mujer, pero en casa se recibe a un miembro de su familia, que se presenta como primo o sobrino, cuando en realidad es quien tendrá hijos con la esposa en casa, y se le dice que los niños nacen tutsi porque la raza tutsi es superior a sus etnias. Es una perfidia".
Esas palabras provocaron la reacción del ministro ruandés de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Olivier Nduhungirehe, que acusó al portavoz militar de defender una "ideología genocida impulsada por el Gobierno congoleño"
Las declaraciones son consideradas sensibles en ambos países debido a que Ruanda ha acusado a la RDC de propagar la ideología del genocidio ruandés de 1994 contra los tutsis.
El Gobierno congoleño niega ese extremo y acusa a Ruanda de apoyar al rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), compuesto principalmente por tutsis congoleños, y perpetrar violencia durante décadas en el este del país.
La ONU y varios países occidentales, asimismo, sostienen que Ruanda respalda al M23.
Ruanda y el M23, por su parte, también acusan al Ejército congoleño de cooperar con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), grupo fundado en 2000 por cabecillas del genocidio y otros ruandeses exiliados para recuperar el poder político en su país, una colaboración también corroborada por Naciones Unidas.
En el genocidio fueron asesinadas por extremistas hutus unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados.
La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.
Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).