La Ley 27.610, aprobada el 30 de diciembre de 2020 tras décadas de movilización social, reconoció el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a un aborto libre, seguro y gratuito en todo el país y en todo el sistema de salud hasta la semana 14, así como la interrupción legal en casos de violación o riesgo para la salud a partir de la semana 15.
Desde entonces, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros, el 90 % durante el primer trimestre, y se incrementó en un 118 % la cantidad de centros de salud que garantizan la interrupción, según datos del Ministerio de Salud nacional.
Las muertes maternas relacionadas con abortos disminuyeron en Argentina: de 25 en 2019 a 18 en 2023, según el Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de la ley en base a los últimos datos oficial publicado.
A cinco años de la legalización del aborto, numerosas organizaciones locales y regionales advierten que las barreras para acceder a la IVE son cada vez más, y hacen especial hincapié en la falta de medicamentos.
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Según denuncian, desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, se ha registrado una caída significativa en la provisión de fármacos esenciales para abortos medicamentosos (misoprostol, mifepristona y combipack), mientras que lo mismo sucede con insumos de salud sexual y reproductiva.
Un informe reciente del Proyecto Mirar identificó que durante 2024 el Gobierno nacional no ha distribuido insumo alguno a las provincias para garantizar el acceso al aborto, algo que, explican desde la organización, contrasta con las cifras de 2023, año en que se enviaron más de 166.000 dosis de medicamentos a centros médicos fuera de la ciudad de Buenos Aires.
"Al desfinanciar la ley no podés garantizarla, termina sucediendo que las personas que pueden pagar la medicación van a acceder a un aborto seguro y las que no, no. Estamos en un momento a nivel nacional donde se está generando inequidad en el acceso", explicó a EFE Julieta Bazán, médica argentina e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Ante esta situación, las personas con menos recursos enfrentan barreras que aumentan el riesgo de prácticas inseguras.
"Milei tiene una clara intención de atacar los derechos de las mujeres y disidencias, y eso se vio reflejado en el recorte del programa de salud sexual, que fue uno de los primeros que recortó", acusó Bazán, en alusión al desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional.
El acceso, destacan las expertas consultadas, varía según la provincia y el contexto local.
Rosana Fanjul, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito -una alianza federal de organizaciones que desde hace 20 años colabora en garantizar el derecho-, dijo a EFE que en algunos distritos más conservadores persisten dificultades para encontrar profesionales dispuestos a practicar abortos, que se suman a normativas municipales y protocolos locales que obstruyen la efectiva implementación de la ley.
"Hay protocolos que son obstrucciones directamente de la interrupción legal del embarazo, dilaciones intencionales para que pasen las semanas permitidas y no puedan realizar la práctica, generando violencia obstétrica", aseguró Fanjul.
Las expertas advierten además que la falta de información pública sobre cómo y dónde acceder a la IVE resulta una barrera en sí misma y subrayan que desde diciembre de 2023 el Estado no difunde información oficial sobre la implementación de la ley, profundizando la opacidad y la vulneración de derechos.
Esto se condice con cifras de Amnistía Internacional, que recientemente informó que en 2024 registró un aumento del 275 % en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto y que de enero a septiembre de 2025 se triplicaron.
En este contexto, esta ONG ha exigido de manera sostenida a las autoridades nacionales y provinciales que rindan cuentas sobre la implementación de las políticas de salud sexual y reproductiva, y que garanticen el acceso a información adecuada.
"Estamos recibiendo muchos más llamados o comunicaciones por las redes consultándonos sobre la legalidad de la práctica. La gente empezó a dudar que sigue existiendo el derecho", reconoció Fanjul.